donde se publique la última, ya que a finales de esta semana dejará su puesto de ministro de Justicia para dedicarse por entero a ser candidato en la tierra que lo vio nacer. El encuentro -hoy al igual que ayer- se celebra en su despacho del angosto edificio del Ministerio en la madrileña calle de San Bernardo, donde desde el primer día se mueve como pez en el agua haciendo honor a su currículo de infarto: diputado, licenciado en Derecho -con premio extraordinario y premio nacional fin de carrera- y en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en jurisprudencia y catedrático de Derecho Constitucional , especialidades que le han venido como anillo al dedo para acometer las reformas más polémicas de este Gobierno: desde la legalización del matrimonio de homosexuales a la modificación del Código Penal, que será el único de los grandes proyectos que dejará en manos de su sucesor.

Juan Fernando López Aguilar, el más joven de los ministros y uno de los mejor valorados del Ejecutivo, afirma que se va con la grata satisfacción del deber cumplido, aunque no oculta un cierto regusto amargo por no haber podido completar la tarea que le encomendó su amigo José Luis Rodríguez Zapatero, para el que sólo tiene palabras de afecto y gratitud.

Aunque el tiempo y la experiencia le han enseñado a ser prudente, mantiene intacto su verbo fácil y ese tono didáctico tan rico en matices que, en ocasiones, ha desesperado a los periodistas siempre ávidos de capacidad de síntesis y buenos titulares de trazo grueso, mientras él opta por el fino pincel.

Dice a modo de despedida que la única hoja de ruta para la organización terrorista ETA es la cárcel y que Batasuna no irá a las elecciones ni como tal ni bajo ningún disfraz. ¡Adiós al ministro y suerte al candidato!

PREGUNTA.- Ésta será, sin duda, la última entrevista que le haga como ministro. ¿Se va habiendo cumplido los deberes?

RESPUESTA.- Son los ciudadanos quienes deben juzgar mi trabajo, pero yo me voy con la sensación de haber hecho los deberes. Lo que iba a hacer en cuatro años he tenido que comprimirlo en tres. He impulsado todas las iniciativas legislativas anunciadas y me resta la reforma del proceso penal, que dejo elaborada.

P.- ¿Cuándo se va? ¿Este viernes será el último Consejo de Ministros al que asistirá?

R.- Muy pronto. Tengo un último compromiso que es llevar al Consejo de Ministros la Ley de Adopción Internacional, y lo haré dentro de pocos días. Con ello completaré mi trabajo y renunciaré al cargo de ministro de Justicia.

P.- Muchos le critican por haber permanecido en su cargo siendo ya candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, y ven sombras de dudas en que se hayan destapado casos de corrupción del PP en esa comunidad. ¿Ha sido sólo por casualidad o por algo más?

R.- Pretender que el ejercicio de un cargo público sea incompatible con la perspectiva de ser candidato a otro puesto es una imputación demagógica y ramplona que no resiste el menor asalto. En cuanto a los casos de corrupción, los dirigentes del PP saben de sobra que esas actuaciones sólo puede decidirlas un juez de instrucción independiente. Resulta esperpéntico que, ante la detención de un alcalde del PP por corrupción, cohecho, prevaricación, malversación y otros delitos, la respuesta del principal partido de la oposición no sea ofrecer explicaciones de por qué se les acumulan casos de este tipo, ni pedir disculpas a la ciudadanía o la dimisión al alcalde imputado, sino que su única respuesta sea pedir la dimisión del ministro de Justicia. Parece un chiste increíble.

P.- Es cierto. Pero admita que si se ataca al PP de Canarias, a usted, como candidato, le viene bien...

R.- Pretender que los jueces de instrucción, que son los únicos que deciden una detención, actúan siguiendo el dictado de algún interés político es acusarles de prevaricación, y eso es muy grave. Este Gobierno está luchando contra la corrupción, pero las investigaciones se confían enteramente a la Policía y al fiscal, que actúan sin interferencia, y a un Poder Judicial que es el único que puede enjuciar los hechos delictivos.

P.- Cambio de asunto. Tras el atentado de la T-4, ¿sigue habiendo posibilidades de dialogar con ETA?

R.- Para acceder al diálogo, el requisito imperativo es que ETA diga que se acabó, que hasta aquí ha llegado, que punto final y para siempre. Sólo cuando renuncien definitivamente a toda violencia y a toda amenaza se podrá hablar con ellos de alguna cosa. Si no es así, que abandonen toda pretensión de obtener nunca ninguna otra respuesta que no sea la contundencia del Estado de Derecho. Sin esa renuncia a la violencia no podrán activarse los mecanismos de generosidad de los que han hablado todos los Gobiernos de la democracia, incluidos los del PP.

P.- ¿Qué le ha parecido la manifestación del Foro Ermua y que ha apoyado, esta vez sí, el PP?

R.- Nadie ha escuchado una sola palabra agria del Gobierno con respecto a ninguna manifestación. Lo deplorable es que la única vez que en esta legislatura ETA nos ha golpeado con dos víctimas inocentes, el PP haya sido incapaz de manifestarse contra ETA y a favor de esas víctimas unido a los demás. La gente tiene derecho a sospechar que al PP le mueve más su estrategia contra el Gobierno que contra ETA, y eso es un pésimo servicio a la unidad de los demócratas.

P.- ¿También usted piensa que el PP se apropia de la bandera y del Himno Nacional porque éste fue utilizado al final de esa manifestación?

R.- El Himno Nacional es de todos los españoles y no cabe ninguna forma de uso partidario en una manifestación. Su uso está regulado por un decreto dictado cuando Aznar era presidente del Gobierno, y ahora el PP lo ha incumplido. El himno es un símbolo de unión, no de desunión. Ni el PP ni nadie debe confiscar un himno que nos pertenece a todos.

P.- ¿Cree que Ibarretxe, tras ser imputado por el TSJPV, ha pretendido situarse por encima de la ley?

R.- El Estado de Derecho consiste en la igualdad de todos ante la ley. Esto es especialmente exigible a los responsables políticos y no se puede trampear con sus reglas. Cuando un tribunal atiende un asunto de su competencia hay que dejarle trabajar con respeto y confianza en que, al final, el Derecho se hará valer. La manifestación de apoyo al lehendakari fue un error.

P.- Es desolador que las propias instituciones vulneren la separación de poderes, ¿no?

R.- La división de poderes está garantizada por la Constitución, y la independencia judicial en España está muy bien protegida. Hay un ataque a la independencia judicial que proviene de la derecha; eso se ve en el Parlamento, donde es la derecha la que insulta, grita e interrumpe al presidente, profiere descalificaciones personales y hace exactamente lo mismo con los tribunales de Justicia. Ellos son los que descalifican a los jueces que «se atreven» a adoptar una resolución que piensan que no sirve a sus intereses, mientras que adulan a los que se mueven en la dirección que les conviene.

P.- ¿Y qué le pareció la reacción del CGPJ, defendiendo la actuación del TSJPV?

R.-Una de las funciones del Consejo General del Poder Judicial es proteger a los tribunales en su independencia. Su declaración fue coherente con esa competencia.

P.- ¿En esta ocasión el CGPJ no se ha comportado como un muerto viviente, por emplear el calificativo con el que usted lo definió?

R.- Yo jamás he dicho éso. Esa es otra mentira del PP, al que echaron los ciudadanos por mentir y que sigue haciendo lo mismo en la oposición. Lo que dije es que la Constitución exige que el CGJP se renueve cada cinco años. Por ello, denuncié el obstruccionismo del PP y su intención de trampear las reglas del juego para su renovación. Denuncié eso, pero no califiqué al CGPJ.

P.- -¿Se va a garantizar que Batasuna no pueda presentarse, ni como tal ni con listas blancas, a las elecciones municipales?

R.- El Gobierno asegura el cumplimiento de la ley y lo ha hecho. El que quiera participar debe cumplir las reglas del juego, como todos. Si no, no tiene ninguna oportunidad.

P.- ¿Le está diciendo al fiscal general que esté vigilante para que no puedan presentarse?

R.- El fiscal general tiene como misión velar por el cumplimiento de la legalidad. En las próximas elecciones no se presentarán listas que den continuidad fraudulenta a una organización ilegalizada.

P.- ¿El Gobierno ha pecado de ingenuidad con el proceso de paz? Porque sólo así se entiende que haya cometido tantos errores en el diagnóstico, ¿no?

R.- Nadie está libre de cometer errores, pero este Gobierno presenta una ejecutoria impecable en política antiterrorista. Y no se ha levantado el pie del acelerador ni un minuto. Ha asegurado la legalidad, presenta el balance de detenciones de etarras más alto de la historia y la población penitenciaria de etarras más alta de la democracia. No se ha cometido ni un solo error por precipitación. Hemos actuado en el marco de una resolución parlamentaria y hemos cumplido el Pacto Antiterrorista.

P.- Pues el PP les acusa de convertirlo en papel mojado...

R.- El Pacto Antiterrorista tiene tres cláusulas. Las tres las hemos cumplido nosotros y las ha pisoteado el PP: no respeta la dirección, que corresponde al Gobierno; no ha sustraído ni un segundo la lucha antiterrorista a la confrontación política y no ha respetado la unidad de los demócratas. Yo le responsabilizo de intentar debilitar y romper ese pacto.

P.- ¿Otorgar la libertad vigilada a De Juana Chaos podría haberse entendido como un chantaje al Estado de Derecho?

R.- Implica un menosprecio, cuando no un desprecio, a la fortaleza del Estado de Derecho, sugerir que pueda ser chantajeado por un terrorista. No es verdad. El Estado de Derecho y la sociedad democrática son más fuertes que ninguna amenaza terrorista. Este asunto lo ha resuelto la Audiencia Nacional, y desafío a quien quiera encontrar una sola frase en la que, desde el Gobierno, se haya interferido en la decisión judicial de ese caso.

P.- ¿Estaban preparando alguna medida de gracia o el acercamiento de presos si el proceso de paz hubiera seguido adelante?

R.- No. El Gobierno se ha conducido con transparencia, comprometiéndose a compartir con las fuerza políticas y el Parlamento el trabajo para poner fin definitivo a toda violencia y a su amenaza. Esto marca una diferencia con la gestión de la tregua que hizo el Gobierno del PP, cuando sí se produjeron acercamientos y medidas, poniendo de manifiesto su doble vara de medir y su hipocresía.

P.- Y ahora, ¿qué? ¿La única hoja de ruta para ETA es la cárcel?

R.- Sí, es así. El único horizonte de los terroristas es la cárcel. Los que tengan cuentas con la Justicia las van a depurar. Y aquellos que han jaleado la violencia no tienen ninguna oportunidad de salirse con la suya. No van a modificarse las reglas del juego ni se va gratificar con ninguna compensación política el cese de la violencia. Esto lo hemos sostenido todo el tiempo.

P.- ¡Menudo papelón el de Rubalcaba, después de que 18 prófugos de Jarrai se presentaran el domingo sin despeinarse en Bilbao!

R.- El ministrod el Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han cumplido con su trabajo. Esas personas han sido detenidas, tal y como predijimos, y la sentencia se va a cumplir.

P.- ¿Usted tiene dudas de que las herriko tabernas son una manera de financiar a ETA?

R.- Hay una investigación judicial y corresponde a la Justicia decidirlo. Dejemos a los tribunales hacer ese trabajo.

P.- ¿Qué le ha parecido que en el juicio del 11-M se llame como testigos a dos etarras?

R.- Son decisiones judiciales, en las que me aplico la regla anterior.

P.- Pero, ¿cree que ETA tuvo algo que ver con el 11-M?

R.- Nada ha indicado, en ningún momento hasta ahora, que ETA estuviera implicada. Todos los expertos y los datos del sumario desmienten esa pretensión en la que fió Rajoy enteramente su «certeza moral» en una histórica portada el mismo día de las elecciones de 2004. El esclarecimiento de lo que pasó corresponde al tribunal. Yo seguiré ese proceso con respeto y acataré la sentencia. Invoco el mismo respeto por parte de todos para dejar trabajar a los tribunales.