Así lo manifestó su presidente, Joan Miquel Perpinyà, en declaraciones realizadas poco antes de personarse en la Comandancia General de Palma de Mallorca ante el teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar que instruye el expediente gubernativo 11/07, abierto contra él por falta muy grave, por realizar actos que se consideran contrarios a la disciplina del Instituto Armado, pero que no constituyen delito militar.

Perpinyà se negó a prestar declaración ante el oficial que instruye el expediente disciplinario abierto en su contra porque no disponía de unas grabaciones que se han incorporado como prueba. «La Ley exige que se nos entregue íntegramente el expediente y faltaban documentos importantes», por lo que se pidió la «suspensión de la declaración», que «no se ha acordado», de modo que «me he acogido a mi derecho constitucional a no declarar», manifestó Perpinyá.