Tanto el juez de la Audiencia nacional Juan del Olmo como la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Leganés se han declarado incompetentes para ello, por lo que el fiscal Miguel Angel Carballo ha solicitado a Del Olmo que presente un conflicto negativo de competencias ante el Supremo.

Al haber rechazado ambos jueces su competencia, es el Alto Tribunal quien, como superior jerárquico de ambos, tiene la última palabra. Fuentes jurídicas señalaron que la intención de Del Olmo es atender a la petición fiscal.

El juez ordenó en diciembre tres detenciones relacionadas con una presunta trama de corrupción policial que incluía tráfico de explosivos y drogas, además de la detención ilegal. En la misma investigación acabó deteniendo -y manteniendo en prisión un mes- a otros dos policías a los que acusó de informar a este diario sobre las investigaciones.

Tras las detenciones, Del Olmo reconoció que no había encontrado ningún indicio de delitos terroristas y que, por tanto, no era materia de su competencia. Envió la causa a un juzgado ordinario de Leganés -donde se hizo la entrega de explosivo-, que sólo aceptó hacerse cargo de lo relacionado con la dinamita y le devolvió lo relacionado con la detención ilegal y con los policías acusados de informar a EL MUNDO. Estos agentes permanecieron en prisión hasta que una suscripción popular logró reunir el dinero para las fianzas exigido por Del Olmo.