Los psicólogos que examinan a las personas que solicitan estos permisos denuncian que reciben continuas presiones de los centros médicos homologados por el Ministerio del Interior para que den el visto bueno a las solicitudes.

Esta situación alcanza cotas espeluznantes. Varios profesionales han denunciado a EL MUNDO que en más de una ocasión les ha sucedido que, si se niegan a aprobar que un solicitante pueda adquirir el permiso de armas porque no esté cualificado psicológicamente, no cobran por el servicio realizado, que ronda los 45 euros, aunque depende de cada centro. La razón por la que no cobran en caso de suspender el examen es sencilla: si se corre la voz de que otorgan «no aptos» en los test psicológicos para los solicitantes del permiso de armas, dejarán de acudir demandantes a ese centro y bajará la facturación.

Y nada mejor para ilustrar esta realidad que hablar con algunos de los centros. Este diario se puso ayer en contacto con Creu Blanca, que tiene un edificio en la calle Pelai de Barcelona en el que se tramitan esta clase de permisos. Eulàlia Alomar, la responsable del organismo, aseguró ayer que «es falso» que no se pague a los psicólogos que certifican un «no apto». Sin embargo, explicó que «es muy raro» que se den casos negativos, porque el solicitante «tiene que tener un problema grave» para que no se le conceda. En palabras de un psicólogo, «sólo si dice creer que es Dios o alguna cosa así», les dejan dar un certificado de no apto.

Los psicólogos que evalúan a los solicitantes de permisos de armas reciben consejos o advertencias desde estos centros. «A veces son sutiles y otras veces son más directos», explicó un terapeuta, que aseguró que cuando un psicólogo certifica más de un no apto en poco espacio de tiempo, «lo más seguro es que lo despidan». Para ello, estos centros cuentan con otra arma: los contratos de estos profesionales suelen ser muy deficientes, lo que facilita que puedan prescindir de sus servicios sin que el coste sea demasiado alto.