Junto al consumo de alcohol al volante, la velocidad es el gran enemigo declarado de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la lucha contra los accidentes, que el año pasado, sólo en la carretera, se cobraron más de 3.000 vidas.

Pero el endurecimiento de las sanciones para los infractores que establece el carné por puntos y, sobre todo, la mayor severidad contra los excesos de velocidad que propone el proyecto de ley del nuevo Código Penal han llevado a los integrantes de esta comisión a proponer «una reflexión» sobre lo adecuado de los actuales límites.

Según el texto ya aprobado, el conductor que supere en 50 kilómetros por hora (km/h) la velocidad máxima permitida en ciudad, o en 70 km/ h en vía interurbana, verá considerada su infracción como un delito contra la Seguridad Vial. La última modificación del Código Penal establece que será juzgado y podrá ser castigado con penas de prisión de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad por un plazo de entre 31 y 90 días. En cualquier caso, el infractor se vería privado del derecho a conducir cualquier vehículo a motor durante un mínimo de un año y un máximo de cuatro años.

«Es necesario abrir una reflexión sobre si estos límites son adecuados para toda la red de carreteras. Cuando es posible que a partir de la entrada en vigor de las modificaciones del Código Penal muchos infractores pasen directamente a los juzgados es lógico plantearse si esos límites se ajustan a las circunstancias y si deberíamos adecuarlos», explica el presidente de la comisión de Seguridad Vial, Jordi Jané.

Actualmente la velocidad máxima permitida es de 120 km/h en autopista, 90 km/h en vías con calzada única y 50 km/h en zonas urbanas, unos límites cada vez más controlados en la carretera por la red de radares de la DGT y los ayuntamientos en las ciudades. Se trata de unos máximos inferiores a los permitidos en países como Francia, Italia o Alemania -donde en las autopistas se puede circular a 130, 150 y 130 km/h, respectivamente, y con tramos libres en el último- y superiores o iguales a los de Reino Unido.

Tras consultar a ministros, fiscales, automovilistas y víctimas de accidentes de tráfico, esta comisión se convirtió el año pasado en el principal prescriptor de cambios legislativos en materia de seguridad vial. Este año, tratará de ampliar el foco para que la mejora de las carreteras no sea una materia que afecte exclusivamente a los conductores y al Ministerio del Interior. Así, por ejemplo, convocará a distintas autoridades para dar un impulso a la seguridad de las infraestructuras, concretamente en lo referido a la adaptación de quitamiedos por las demandas de los motoristas, los puntos negros y la señalización.

Además, para reducir el número de víctimas en la carretera, el Congreso planteará una mejora de los servicios de emergencia. Los expertos consideran que el tiempo de respuesta es vital para evitar muertes en la carretera. En países con un mejor nivel de seguridad vial se establece un plazo máximo de tiempo para hacer llegar una ambulancia, medida que no existe en España.

La agilización del procedimiento sancionador y su fortalecimiento frente a los recursos que plantean las empresas quitamultas será otra de las materias que tratará la comisión de seguridad vial, órgano que los propios diputados definen como un «oasis de unanimidad» en el Congreso y cuyo apoyo ha sido fundamental en el buen comienzo del carné por puntos.