Tras un duro e intenso debate que ha durado semanas, el Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer por seis votos contra cinco admitir la recusación de Pablo Pérez Tremps, que no podrá participar en las deliberaciones y la votación sobre el recurso planteado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Se trata de una mayoría muy ajustada, ya que los magistrados del Tribunal estaban divididos en función de su adscripción ideológica. Pero ha triunfado finalmente la legalidad y el sentido común.
La mayoría del Tribunal Constitucional ha entendido que el catedrático Pablo Pérez Tremps, que se había negado a apartarse del caso, no puede pronunciarse de forma independiente sobre el Estatuto, ya que asesoró a la Generalitat de Cataluña con un dictamen por el que cobró 6.000 euros.
Los vocales partidarios de no aceptar la recusación buscaron todo tipo de argumentos sofísticos para evitar que Pérez Tremps fuera apartado del caso. Alegaron que no se trataba de un dictamen sino de una opinión académica, que el encargo había sido realizado antes de ser nombrado magistrado del Constitucional y que sólo se había pronunciado sobre una parte marginal del Estatuto. Y todo ello porque el voto de Pablo Pérez Tremps podía haber sido el decisivo para sacar adelante la constitucionalidad del Estatuto recurrido por el PP.
Pero la Ley del Poder Judicial establece claramente que un juez que ha asesorado a una parte debe ser apartado de una causa o litigio. Y éste era exactamente el caso de Pérez Tremps, que había realizado un dictamen en el que expresamente se le pedía que estableciera los márgenes legales de una política exterior de la Generalitat.
Sus recomendaciones fueron seguidas textualmente y el propio presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, dependiente de la Generalitat, explicó que se había contratado a una serie de expertos para contar con su «complicidad» intelectual en el futuro debate sobre el Estatuto.
El caso de Pérez Tremps, como hemos insistido en estas páginas, era de libro porque existía la constancia de una relación contractual con la Generalitat y porque además estaba contaminado por su pronunciamiento previo a favor del Estatuto.
Lo que sorprende no es que seis magistrados hayan entendido que este vocal tenía que ser apartado, sino que otros cinco -entre ellos, la presidenta- se hayan aferrado a una tesis que era indefendible y que violentaba la ley. Igualmente ha quedado en evidencia el fiscal general del Estado, que se opuso a la recusación contra el espíritu y la letra de la norma y llegó a apartar del caso al fiscal jefe del Constitucional.
ERC instó anoche al Gobierno a «sustituir» a Pablo Pérez Tremps por otro magistrado proclive a desestimar el recurso del PP y respaldar la constitucionalidad del Estatuto. Para ello, tendrían que concurrir tres circunstancias que no podemos ni siquiera pensar: que Pérez Tremps incurriera en la indignidad de dimitir, que la presidenta del Tribunal lo aceptara y que el Ejecutivo se prestara a ese juego de quita y pon. Estaríamos ante un triple escándalo que deslegitimaría al Constitucional y pondría en evidencia a un Gobierno dispuesto a burlar la legalidad para lograr sus fines políticos. ¿Será capaz Zapatero de promover el mayor fraude de ley de la historia democrática? Queremos creer que no.
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