Tal y como adelantó ayer EL MUNDO, los facultativos reciben amenazas y coacciones de estos centros -que están homologados por el Ministerio del Interior- para que den «aptos» a los demandantes de licencias de armas.

El director de Recursos Sanitarios de la Generalitat, Rafael Manzanera i López, calificó ayer de «gravísimas» estas presiones, por lo que anunció que el Departament de Salut abrirá «urgentemente» un expediente informativo para «esclarecer» la noticia avanzada por este diario. Manzanera recordó que estos centros «tienen un componente sanitario», ya que realizan actividades en el marco de la sanidad, puesto que llevan a cabo tanto exámenes médicos como psicológicos. De hecho, en muchas de estas instalaciones -en España hay más de medio millar- se realizan test físicos y psicológicos tanto para los solicitantes de carnets de conducir como de permisos de armas.

Rafael Manzanera aseguró ayer que se activará en las próximas horas «un protocolo de inspección» de estos centros médicos, que reciben autorización del Departament de Salut para llevar a cabo estas revisiones. De la misma forma, también son homologados por el Ministerio del Interior. El director de Recursos Sanitarios de la Generalitat explicó que analizarán «las condiciones en las que trabajan estos psicólogos» y si pueden llevar a cabo su tarea «con independencia».

En su edición de ayer, este diario informó de que diversos facultativos han denunciado que sufren constantes presiones de los centros para los que trabajan para que no suspendan a los solicitantes de licencias de armas.

Cualquier ciudadano que desee poseer un arma de fuego debe disponer de la preceptiva licencia expedida por la Guardia Civil, que somete a pruebas físicas y teóricas a los demandantes. Sin embargo, los ciudadanos también deben ser sometidos a unas pruebas psicológicas que se certifican en centros privados homologados por el Gobierno central.

Estas instalaciones remiten al demandante a un psicólogo que examina al solicitante para comprobar si está suficientemente equilibrado emocionalmente para poseer un arma de fuego. Los centros pagan cada uno de estos certificados a los facultativos.

Dos profesionales coincideron ayer en explicar casos muy similares.Después de negarse a dar el «apto» al demandante, éste se quejó de su situación al centro médico, cuyo director finalmente les concedió el «apto». Los psicólogos tienen además una responsabilidad durante los primeros meses que se otorga la licencia y en caso de que se produjera un incidente con el arma de fuego, deben incluso acudir al juicio.

Un facultativo explicó el lunes que después de que concediera más de un «no apto» no fue llamado «nunca más» por el centro para realizar estos test. Otra de las presiones que sufren los facultativos es que les amenazan con no pagarles por los servicios sino emiten un dictamen positivo. Por esta razón, más de un psicólogo ha declinado trabajar para estas empresas. Sin embargo, hasta la fecha ningún facultativo ha querido denunciar esta situación aportando su nombre y apellidos, ya que temen represalias como por ejemplo perder sus puestos de trabajo. Por cada uno de estos servicios los solicitantes pagan alrededor de unos 45 euros, aunque esta cantidad es estipulada por cada empresa sin que se haya regulado ningún tipo de tarifa.

Otro de los problemas existentes es la falta de homologación de estos test, ya que cada especialista somete a los demandantes a los exámenes que le imponen desde el centro y que en muchas ocasiones dura apenas tres minutos.

Lo que está claro es que a estos centros les interesa facturar la mayor cantidad de dinero posible y lo que quieren evitar a toda costa es que pueda correrse la voz de que en su empresa conceden «no aptos».