En este sentido, un portavoz del Instituto Armado explicó ayer que el artículo fue remitido a los distintos estamentos de la Guardia Civil «como sucede en los casos en los que se informa de una situación que podría ser constitutiva de delito». Las mismas fuentes señalaron ayer que en caso de que se constatara que se ha producido una infracción sería el Servicio de Intervención de Armas y Explosivos de este cuerpo policial el encargado de investigar los hechos. Si por contra se tratara de un delito, el caso sería remitido a la Policía Judicial.

Fuentes del Instituto Armado recordaron que existe una legislación vigente en cuanto a la concesión de licencias de armas y que se encuentra en la Resolución de 19 de octubre de 1998 de la Dirección General de la Guardia Civil.

Un portavoz del Instituto Armado recordó ayer que cuando un centro médico califica como «no apto» a un demandante de una licencia de armas -ya sea porque no ha superado las pruebas físicas, las pruebas piscológicas o las dos- el centro tiene la obligación de comunicar por escrito los datos de esta persona -que previamente ha aportado al centro médico- al Instituto Armado. En ocasiones se hace por vía fax o inlcuso telefónicamente. No obstante, esto no implica que el solicitante no pueda obtener la licencia de armas, puesto que el demandante puede volver a llevar a cabo el examen en el tiempo que considere necesario.

En el caso de que en una segunda evaluación se le diera un «apto» al ciudadano es la Generalitat la que emitiría un veredicto.La gerente del Instituto Catalán de Evalucaciones Médicas (ICAM) del Departament de Salut, Josefina Jardí, explicó ayer a este diario que su organismo actúa como «árbitro» en los casos en los que inicialmente se emite un certificado de «no apto» y en un segundo examen se le da un «apto». Según explicó Jardí, en el año 2005, este departamento emitió un total de 29 dictámenes, mientras que el pasado año, esta cifra fue de 31. «Nostros realizamos una función de peritaje y arbitraje», señaló la gerente del ICAM, que reclamó al «organismo competente» que investigue las informaciones adelantadas por este diario.

«Sólo puedo decir que como ciudadano lo que he leído es muy grave», afirmó Josefina Jardí, que concluyó recordando que el ICAM emite un informe «precetivo pero no vinculante», puesto que la última palabra a la hora de conceder o denegar una licencia la tiene la Generalitat.