Así consta en el informe que el grupo de trabajo de Normativa de la Comisión de Cooperación de Consumo del Ministerio emitió el pasado 1 de febrero, y al que ha tenido acceso EL MUNDO. Los técnicos autonómicos consideran que el negocio de la inversión en bienes tangibles, en los términos planteados en el anteproyecto, que publicó ayer este periódico, no son un asunto de consumo, sino una cuestión financiera.

«Se trata de una actividad de captación de ahorro e inversión que nada tiene que ver con las actividades reguladas desde la perspectiva de los consumidores y usuarios», según consta en el informe del grupo de trabajo. «La regulación que se proyecta debe realizarse desde la perspectiva económica, cuyo control, por ende, requiere un control económico», en palabras de los técnicos.

Los representantes autonómicos que elaboraron este informe dejan claro que «la opción de abordar la regulación desde la perspectiva exclusiva y errónea de la protección de los consumidores impide establecer el control económico de la actividad». Por ello, consideran que es «necesario» complementar la norma con la creación de un registro de empresas, pero señalando que su gestión no correspondería a las autoridades de consumo.

Qué es un consumidor

La definición de «consumidor» que aparece en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios es otra de las bazas que justifica la negativa de las autonomías al planteamiento de Salgado. Los técnicos consideran que los clientes de empresas dedicadas a la compra-venta de bienes tangibles no son destinatarios finales.

La futura ley que prepara Sanidad pretende derogar la famosa Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva y delegar en las autonomías el control del negocio de los bienes tangibles. El anteproyecto fue elaborado a partir de la presunta estafa filatélica que las empresas Fórum y Afinsa causaron sobre cerca de 400.000 personas.

Con esta ley, «el Gobierno admite su error al no asumir su competencia cuando tuvo que hacerlo [en referencia a la intervención judicial del 9 de mayo de 2006 sobre las dos empresas] y trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas», en palabras del PP. Por su parte, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios acusó ayer a Salgado, de «eludir sus obligaciones» y «lavarse las manos» en el control de este sector. La Conferencia Sectorial de Consumo se reúne hoy.