Algunos, como el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, se negaban a creerlo, y en una frase no exenta de ironía, declaraba:

No creo que el Gobierno se atreva a tanto. Esas decisiones son más propias de otros regímenes políticos: Jugar con las instituciones, adaptarlas a las necesidades del momento, someterlas... Se puede pensar mal del Gobierno pero no hasta ese extremo».

Y otros, como los diputados Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría -firmantes del recurso contra el Estatuto de Cataluña y de la propia recusación ante el TC-, se encargaban al mismo tiempo de lanzar la advertencia más seria: «La dimisión y posterior sustitución del magistrado recusado», dijeron ambos en un briefing improvisado a media mañana, «sería un acto fraudulento e inaceptable».

Según explicaron ambos juristas, la recusación sólo aparta a Pérez Tremps de la decisión sobre el recurso sobre el Estatuto de Cataluña, y sigue estando perfectamente habilitado para deliberar y votar sobre otros recursos pendientes y políticamente importantes, como los distintos conflictos planteados entre Comunidades Autónomas, o sobre la inconstitucionalidad de la Ley del matrimonio homosexual.

Trillo y Sáenz de Santamaría se esforzaron, de hecho, en ensalzar ayer todos los méritos académicos y profesionales de Pérez Tremps, en absoluto afectados, según insistieron, por su forzoso apartamiento de la causa del Estatut.

Bien por falta de estrategia -fuentes del partido aseguran que existe un estrecho margen de maniobra en un caso tan singular como éste-, o, precisamente, por lo contrario, ninguno de ellos adelantó respuestas de carácter jurídico o político a la eventual sustitución del magistrado. Pese a que ésta se perfilaba ya como la crónica de una dimisión anunciada, los populares sólo se afanaban en disuadir al Ejecutivo de «forzarla» y al propio magistrado de faltar a su «obligación» y al «mandato constitucional» de seguir llevando a cabo su trabajo en el alto Tribunal.

«Se produce un fraude de ley cuando lo que se busca es un efecto no querido por la norma», explicó ayer Trillo, «y el nombramiento de un nuevo magistrado para sustituir al recusado sería un nombramiento realizado por una de las partes que tienen directa relación con el pleito sobre el Estatut: el Gobierno es parte en este pleito porque es el que contesta a nuestras alegaciones a través del abogado del Estado y es el que, en definitiva, asume la defensa de la legalidad de ésta y de tantas otras leyes recurridas».