Socialistas y populares han pactado hasta ahora todos los estatutos que han salido o van a salir de las Cortes, salvo el de Cataluña, y ayer mismo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, llamó al consenso sobre el de Canarias, que inicia su tramitación.

Hasta después de las autonómicas del 27 de mayo no se empezará a discutir el articulado aprobado en Canarias, del que hasta el PSOE cuestiona algunos aspectos como la inclusión del espacio aéreo en el territorio de la comunidad, la referencia a leyes del Estado que han de ser modificadas o la atribución de determinadas competencias, como la de prisiones, entre otras.

Es el séptimo proyecto de Estatuto que llega al Congreso desde 2004. Sólo se ha rechazado el llamado plan Ibarretxe, también con consenso entre los dos grandes partidos, y ayer el PP volvió a situarse frente a todos los demás grupos. Se quedó solo y por eso el texto pasó el trámite.

«Búnker judicial»

Los populares escucharon de nuevo reproches del resto de grupos, como el de que han aceptado en estatutos como los de Andalucía, Valencia o Baleares aspectos que han recurrido para el de Cataluña. Como siempre, el más radical fue el portavoz de ERC, Joan Tardá, que empezó hablando de la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps como «ofensiva de acoso contra la voluntad de acuerdo de Cataluña, protagonizada por el búnker judicial al servicio del PP».

En nombre del Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, incluyó en su intervención referencias implícitas al PP para asegurar que «ya nadie puede dudar de que la reforma de los estatutos es un acto de normalidad constitucional y política».

Añadió que «el impulso reformador es, a estas alturas, tan contumaz que ha de causar sonrojo en aquellos agoreros que nos anunciaron la 'desmembración de España', 'el fin del Estado' y otros muchas plagas».

Fernández de la Vega explicó que «la consistencia y el consenso habido en torno a las reformas, la lección de madurez democrática ofrecida por los españoles y el escrupuloso respeto a los procedimientos constitucionalmente establecidos, han finiquitado, al menos en este tema, el gusto por la profecía apocalíptica. El Gobierno nunca temió al futuro».

No obstante, llamó al consenso en el trámite parlamentario: «No dudo que estas Cortas Generales sabrán valorar el esfuerzo llevado a cabo en la comunidad canaria y que trabajarán por acrecentar los apoyos políticos iniciales. Como en otras ocasiones, los grupos parlamentarios desarrollarán con rigor su tarea y, respetando la arquitectura y sustancia de la propuesta, no cejarán hasta alcanzar el más amplio consenso». Enfrente, el PP recuperó el discurso más duro de los debates territoriales de la legislatura. Su diputada Mercedes Roldós llegó a hablar de «Estatuto nacionalsocialista», en un juego de palabras que acabó poniendo al texto canario la misma etiqueta que utilizó el partido nazi en Alemania.

El portavoz socialista, Diego López Garrido, intentó infructuosamente que Roldós retirara esa palabra y la llamó «ignorante»

Lo menos que dijo la diputada popular es que se trata de un Estatuto «inconstitucional» que copia artículos del de Cataluña.

Comparó el texto de Canarias con el plan Ibarretxe, aseguró que es «excluyente y partidista», que supone «un paso más en el proyecto confederal de Zapatero», que «es una reforma encubierta de la Constitución» y que culmina el «cambio del régimen constitucional».

La delegación de parlamentarios autonómicos de Canarias y el portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Paulino Rivero, lanzaron una advertencia para que el texto pactado en la comunidad no sea recortado o desactivado en las Cortes.