De esta forma, a mediados de marzo, la reforma será aprobada por una abrumadora mayoría en la Cámara Baja y, previsiblemente, entrará en vigor al filo de las elecciones autonómicas.

Los dos principales escollos del Estatuto estaban en materia de aguas y de financiación, y ambos se han resuelto con fórmulas muy genéricas, que mantienen la forma y difuminan el fondo.

Así, con respecto al agua, se acuerda mantener la cifra de la reserva hídrica en 6.550 hectómetros cúbicos en el texto, pero con respeto y en compatibilidad con la planificación del Estado.

Es decir, la cifra se mantiene simbólicamente como el porcentaje fijado por las Cortes de Aragón para asegurar el abastecimiento pleno de la Comunidad Autónoma, pero el Estado sigue teniendo plenas competencias en materia de aguas, para modificarla en determinadas circunstancias.

Así, la secretaria de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, comentó que la cifra de 6.550 hectómetros cúbicos que reflejaba la propuesta del Parlamento de Aragón es «parte de la legislación estatal» y que, por ello, «se ha preservado» en el texto pero, matizó, de modo «compatible con la planificación general del Estado».

En cuanto a materia de financiación y de fijar inversiones, el Estatuto mantiene como criterios los tres que establecieron las Cortes aragonesas: la extensión territorial, la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población. Sin embargo, no se cuantifican en el texto ni cantidades ni porcentajes, y se derivan a una Comisión Mixta.