Gran parte de esa rebaja se debe a la desaparición de algunos delitos económicos -que para varios procesados suponían la mayor amenaza- y a la adaptación de la acusación a la reciente sentencia de Jarrai dictada por el Tribunal Supremo (TS).

Los casi 1.000 años de cárcel del escrito de acusación provisional han quedado en 480, mientras que las penas individuales oscilan entre los cuatro y los 19 años, frente a la horquilla de 10 a 50 formulada antes del comienzo de la vista oral.

Así lo expuso ayer en la sede de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo el fiscal del caso, Enrique Molina, que estuvo acompañado por el fiscal jefe, Javier Zaragoza. Por su parte, los letrados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo -Emilio Murcia, Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio- explicaron que mantienen su acusación inicial, aunque con modificaciones que la aproximan a la petición del fiscal, que respaldan de manera subsidiaria.

Al margen de la reducción en la petición de penas, el relato expuesto ayer por Molina no se aleja del defendido antes de la vista oral: hay pruebas para sostener que medio centenar de acusados pertenecían o colaboraban con organizaciones incluidas en distintos frentes controlados por ETA: político y financiero (KAS y su sucesora, Ekin), mediático (Egin y su editora, Orain) e internacional (Xaki), así como la llamada trama de desobediencia civil (Fundación Joxemi Zumalabe).

«Máxima pena posible»

Según explicó Molina ante la Sección Tercera, el motivo de la rebaja en los delitos de pertenencia a organización terrorista es ajustarse al caso Jarrai, el primer macrojuicio revisado por el TS. El Alto Tribunal acordó condenar a los procesados como simples integrantes, sin atribuirles la condición de dirigentes que defendía el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, durante el juicio las Fuerzas de Seguridad no pudieron señalar a ninguno de los acusados como miembro del llamado KAS Ejecutivo, el único que reuniría los requisitos marcados por el TS para identificar a dirigentes.

Respecto a la cuantificación de la pena -nueve años de cárcel- el fiscal resalta que se ha pedido «la máxima posible», al no concurrir agravantes en ningún acusado.

En cuanto a los procesados que pierden la categoría de integrantes y quedan en simples colaboradores, el Ministerio Público explica que no ha hecho sino seguir lo marcado por la Audiencia Nacional al resolver los recursos contra el auto de procesamiento. Así, se ha mantenido la pertenencia sólo para los miembros de KAS, Ekin y Xaki, pero no, por ejemplo, para los de Orain. La pena fijada para los colaboradores, siete años, vuelve a estar en el límite máximo en ausencia de agravantes.

En cuanto a los delitos económicos desaparecidos (los cuatro contra la Hacienda Pública y dos de los cuatro contra la Seguridad Social), la Fiscalía explica que son la consecuencia de algunas reformas legislativas y de lo expuesto en el juicio por los peritos de Hacienda.

Así, el núcleo principal de acusados lo forman 26 procesados únicamente por pertenencia, a los que siguen otros 15 presuntos colaboradores. El resultado más llamativo de todas las modificaciones es el que corresponde al principal acusado, Xabier Alegría. Su petición de 50 años de cárcel incluía 14 como dirigente terrorista y 36 por delitos económicos. Ahora suma 13: nueve como integrante del grupo terrorista (no dirigente) y cuatro por un delito de insolvencia punible.

Uno menos

Sólo uno de los procesados, José Ignacio Uruñuela, se quedó ayer sin acusación, al considerar tanto el fiscal como la AVT que no había elementos suficientes para acreditar su pertenencia o colaboración con una organización terrorista. Según el fiscal, «aunque figura como vocal del patronato de la Fundación Joxemi Zumalabe y consta que estuvo presente con ocasión de las reuniones para el desarrollo del proyecto de desobediencia, no consta que actuara a favor de su desarrollo ni que tuviera participación activa en su puesta en funcionamiento».

A Uruñuela se suman otros dos procesados que han visto cómo desaparecían las acusaciones por terrorismo, y sólo afrontan ya una condena de cuatro años por insolvencia punible.

Las mayores peticiones de prisión, un total de 19 años, recaen sobre cuatro acusados que reúnen un delito de colaboración y tres delitos económicos. Se trata de los miembros del Consejo de Administración de Orain José Luis Elkoro, Jesús María Zalacaín, Francisco Murga e Isidro Murga. Este último es el único que ha visto aumentada la petición de pena, que era de 16 años.

El macrojuicio proseguirá el próximo día 14 en la sede habitual de la Audiencia, ya que el inicio del juicio por el 11-M (al día siguiente) obliga a abandonar la Casa de Campo. Las defensas aún deben anunciar cuáles son sus conclusiones. A continuación, el fiscal, la AVT y las defensas explicarán sus informes, se ofrecerá a los acusados la posibilidad de dirigirse por última vez al tribunal y el macrojuicio quedará visto para sentencia.

«Permanecieron unidos bajo el control de la 'organización armada', a través de KAS, todos los frentes: el 'Frente Político', constituido por una organización legal, Herri Batasuna, y una organización ilegal, Hasi; el 'Frente Obrero', formado por el sindicato LAB; el 'Frente Cultural', coordinado en torno a un grupo de comunicación y un entramado societario de edición y distribución mediática (Orain y su producto editorial 'Egin'), y el 'Frente de Masas', que servía de apoyo a todos los anteriores y especialmente al 'Frente Político', constituido fundamentalmente por Jarrai, Egizan y ASK».

«A partir de 1.991, la Dirección Política de ETA, se planteó como un objetivo táctico a corto plazo forzar la 'negociación política' con el Gobierno por medio del desarrollo de una campaña de presión terrorista [...] A partir de este momento comenzó el proceso de reorganización del 'proyecto Egin', al objeto de convertirlo directamente en un frente más, el 'Frente Informativo', complementario del resto de frentes».

«El acusado Mikel Gotzon Eguibar Michelena [...] se integró definitivamente en la organización realizando las siguientes actividades: Facilitaba la acogida de los miembros de ETA huidos; intervenía como correo entre los miembros de ETA huidos y la organización; realizaba gestiones para que los miembros deportados regresaran a España en de forma ilegal, y se encargó de la traducción y difusión del mensaje de ETA tras el asesinato de D. Miguel Angel Blanco, con la intención de justificar ante la opinión pública en general, y ante la militancia de ETA en particular, dicho asesinato ante el rechazo social que éste había tenido».