AGUSTIN YANEL
MADRID.-
«Cada minuto muere una persona víctima del comercio de armas» en algún lugar del mundo. Lo dicen Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam. Dicen, también, que España contribuye a esas muertes por vender armamento a países donde se violan los Derechos Humanos o que están sumidos en la pobreza.
Estas organizaciones acudieron ayer al Congreso de los Diputados para pedir a sus señorías que mejoren el proyecto de Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. Lo ha elaborado el Gobierno y, según esos grupos, si no se modifica va a ser un «colador» que permitirá seguir vendiendo armas a cualquier país y para cualquier uso.
Ven como «un avance importante», y lo aplauden, que el comercio de armas se regule por ley. Pero la que ha preparado el Gobierno les ha defraudado, y por eso piden al Congreso que aproveche esta «oportunidad única» para mejorarlo y hacer que España tenga «la mejor ley de comercio de armas».
En los últimos 10 años, España ha aumentado la venta de armas hasta situarse entre los 15 principales exportadores del mundo -de los 10 primeros, según algunos estudios-. Algunos de sus clientes son países que estas organizaciones consideran «preocupantes»: Colombia, Israel, Marruecos, China, Arabia Saudita, Irán, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Zimbabwe, Sudán o Venezuela.
Según un detallado informe que ayer presentaron esas organizaciones titulado Comercio de armas en España: una ley con agujeros, esos países «difícilmente» cumplen el Código de Conducta de la Unión Europea sobre la exportación de armas.
En ese documento, plantean recomendaciones para mejorar la ley: regular con la máxima claridad los casos en que no se podrán vender armas, prohibiendo expresamente hacerlo a países en conflicto armado o que violen los Derechos Humanos; establecer más controles, teniendo en cuenta las normas de otros estados; aumentar la transparencia en la información oficial; crear en el Parlamento un comité permanente de seguimiento de este comercio, y limitar la discrecionalidad que tiene la Junta Interministerial encargada de estas exportaciones, dando publicidad a sus actas.
Para representar de manera gráfica su opinión -en Madrid y Barcelona-, las tres organizaciones vertieron, a través de un colador gigante, balas, pistolas y granadas a cajas para exportar con el rótulo Made in Spain. En ellas incluían palabras con el resultado que, en su opinión, tiene el comercio de armas: «violencia, pobreza, torturas, conflictos y matanzas».
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