El Plan Prever, un sistema de incentivos fiscales al achatarramiento con el fin de rejuvenecer el parque español -uno de los más viejos de Europa-, cumple este año una década. En este tiempo, más de tres millones de vehículos, sobre un parque que ronda los 20 millones, se han acogido a las ventajas que propone.

Con este balance, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, defendió la renovación del Prever pero señaló que tras dos prórrogas «ya ha cumplido sus objetivos», que teóricamente son rejuvenecer el parque, incrementar la seguridad y proteger el medio ambiente.

Por esta razón, Solbes indicó que no habrá más prórrogas del actual sistema de achatarramiento y que el actual se reduce a los «contenidos básicos», es decir, no diferencia la mecánica del vehículo que se entregue; no incluye la compra de coches con menos de cuatro años como opción y establece una deducción única de 480,81 euros sobre la tasa de matriculación. Además, quedan fuera del sistema los vehículos con cilindradas superiores a 2.500 centímetros cúbicos.

Este último año del Plan Prever tiene un carácter transitorio que el Gobierno empleará para reestructurar la fiscalidad del automóvil, que actualmente representa una media del 26% del precio final de un vehículo y que, incluyendo las tasas sobre carburantes, genera más de 24.000 millones de euros anuales para las administraciones.

El vicepresidente adelantó que la fiscalidad del automóvil se diseñará para orientar a la demanda hacia vehículos más respetuosos con el medio ambiente pero no fijó una fecha concreta. El perfil definitivo del nuevo sistema queda así para «un futuro próximo».

En el sector se teme que la previsible celebración de elecciones generales en 2008 y el aplazamiento del debate sobre la financiación autonómica -donde los impuestos del automóvil juegan un papel fundamental- sean las causas de esta ambigüedad y que el próximo año sea el primero en una década sin incentivos al achatarramiento.

El decreto ley se aprobó con la única oposición del PP, cuyo portavoz, Miguel Arias Cañete, denunció que el Ejecutivo ha ignorado en la tramitación y diseño de la norma todas las propuestas de fabricantes y distribuidores de automóviles, que negociaron durante meses con el Ministerio de Industria para ver después cómo quedaba regulado por Economía. Arias Cañete señaló que con el actual sistema «empeorará el balance fiscal, envejecerá el parque y se agravará la seguridad vial».

Por su parte, Convergencia i Unió votó a favor del decreto, no sin antes pedir -sin éxito- una explicación sobre los elementos más relevantes que contendrá la nueva fiscalidad y la inclusión de las reclamaciones del sector y de los usuarios en el nuevo sistema de impuestos medioambientales.