EL MUNDO ha tenido acceso a ese informe, fechado el 15 de febrero de 2003, un año antes de la masacre de Madrid. El preso se llamaba J.I.P.M., y declaró a los agentes de la UCO que «unos jóvenes que pertenecían a ETA realizaron negociaciones [con Toro] para adquirir explosivos si bien, al parecer, su intención era quitárselos y no comprarlos». J.I.P.M. precisó que «Toro les conoció cuando estuvo interno en Villabona» ( de julio a diciembre de 2001).

La versión de este preso concuerda con los testimonios de Lavandera, El Nayo y Zouhier, que informaron a las Fuerzas de Seguridad del Estado en diversos momentos que Toro y su cuñado, Emilio Suárez Trashorras, traficaban con importantes cantidades de dinamita. El abogado de El Nayo había revelado a la Fiscalía en 2002 que su cliente le había dicho que Toro manejaba cientos de kilos de explosivos que quería cambiar a ETA por armas. En julio de 2001, Lavandera se acercó a una comisaría para denunciar que Toro buscaba a alguien que supiera fabricar «bombas con móviles» y que se jactaba de que ETA estaba dispuesta a pagar por ello una gran cantidad de dinero. Según Lavandera, agentes de la Policía se dirigieron a él días después «para advertirle que si volvía a relacionar a Toro con ETA era hombre muerto».

El testimonio de J.I.P.M., recogido en el informe de la UCO y registrado en la Guardia Civil, ha sido incorporado al sumario. ¿Por qué se ha ocultado hasta ahora? ¿Por qué ni el juez ni la fiscal ni las Fuerzas de Seguridad quisieron investigar esa posible conexión con ETA, que queda reforzada por la casualidad de que el coche que la banda hizo explotar en Santander fue robado en el callejón del almacen de Trashorras?

Zapatero aseguró en el Congreso que no se deducía de la investigación policial «relación alguna» entre el comando islamista y ETA. El documento que hoy publica EL MUNDO demuestra que sí existía esa pista que jamás fue investigada.