La aeronave llegó el lunes a Quito gracias a un acuerdo al que llegó la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, con el Ministerio de Fomento durante su visita a España la semana pasada, según informó el Ejecutivo ecuatoriano. «El Gobierno de allá ha asumido la actitud de corresponsabilidad y de compartir este problema que, en realidad, es un tema de derecho internacional privado», argumentó la ministra.

Sin embargo, en España, tres ministerios evitaron ayer asumir la responsabilidad del vuelo. El Ministerio de Fomento se desvinculó de la iniciativa y, a preguntas de este periódico, desmintió las informaciones de la agencia Efe que aseguraban que el departamento que dirige Magdalena Alvarez había cedido la aeronave. Un portavoz de Fomento derivó toda la responsabilidad a los departamentos de Defensa y Asuntos Exteriores.

En Defensa, indicaron que a ellos sólo se les había solicitado el avión, pero los gastos y la coordinación del viaje corresponden al Ministerio dirigido por Miguel Angel Moratinos. Asuntos Exteriores, por su parte, señaló a Defensa, en tanto que es quien gestiona la aeronave, como el departamento responsable de este despliegue.

Ninguno de los tres ministerios quiso asumir la responsabilidad en el único vuelo militar utilizado para repatriar a los afectados por el cierre de Air Madrid. En los primeros días de la crisis, el Gobierno español costeó el transporte de 5.912 afectados, a los que asistió con aviones privados fletados. El grueso de la operación humanitaria corrió a cargo del Ministerio de Fomento entre los días 15 y 21 de diciembre. El coste total de los trasladados fue de 6,5 millones.

Cuatro horas de espera

Ayer, cuando eran las 7.30 horas de la mañana en Quito (13.30 en España), más de 400 personas hacían cola desde la madrugada en las inmediaciones de la base aérea del aeropuerto Mariscal Sucre. La salida del Boeing 747 de la Fuerza Aérea Española estaba prevista para las 9.00 horas, pero no lo hizo hasta cuatro horas más tarde.

La cifra inicial de las personas que debían viajar era 140 (80 desde Quito más 40 que se incorporaron en una escala en Guayaquil), pero al final se pudieron incluir 10 viajeros más. La lista de afortunados se gestionó entre la Defensoría del Pueblo y distintas asociaciones de emigrantes.

Lucía Bernal fue una de las premiadas con este viaje. A ella le daba igual que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudiera a la Base Aérea de Quito para despedirles. Lucía y sus dos hijas debían haber regresado a Fuente Alamo (Murcia) hace ya más de un mes, pero la elección de la compañía Air Madrid les jugó una mala pasada. «Mi marido tuvo que comprar un billete de avión hace dos semanas por más de 1.000 euros porque si no perdía el trabajo».

A su llegada, Correa dijo que el anterior gobierno [que acabó su mandato el pasado 15 de enero] «no actuó con celeridad y, por eso, toda esta gente no ha podido viajar hasta hoy».

Para seleccionar a los 150 elegidos, se tuvieron en cuenta con carácter prioritario a las familias numerosas con niños pequeños, ancianos y minusválidos, ya que, en total, Air Madrid dejó en tierra a cerca de 4.000 ecuatorianos. De ellos, 500 ya han regresado a España por sus propios medios. El resto sigue esperando la contratación de tres vuelos chárter prometida por el Gobierno ecuatoriano el 29 de diciembre. Entonces, el anterior presidente, Alfredo Palacio, firmó un decreto por el que destinaba 700.000 euros al retorno.

Pero, más de un mes y medio después, esos vuelos siguen sin salir. William Murillo, secretario general de Inmigración, explicó en la Base Aérea que la firma del contrato con la estadounidense Northeast, elegida para el traslado, debía concluir hoy mismo. «Esperamos que antes de 10 días todos nuestros compatriotas estén en España».