El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, y otros miembros de su grupo, se reunieron el martes con representantes del PSOE y del Ministerio de Economía y Hacienda, y alcanzaron esos acuerdos.

El cambio de actitud del PP se debe, según dijo Martínez-Pujalte, en primer lugar a que han acordado que en ambas leyes se garantizará su carácter de «estabilidad» y que ofrecerán «seguridad jurídica»; además, porque se asegura el principio de «unidad de mercado», lo que mejora la vida de los ciudadanos con independencia del lugar donde vivan.

Una cosa que ha defendido el PP, y que al final va a quedar asegurada con la Ley de Defensa de la Competencia, es la necesidad de garantizar estabilidad y la independencia de las personas que van a integrar el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.

Esos consejeros serán nombrados para seis años, lo que supone que no tendrán que dejar el cargo cuando cambie el Gobierno. En el proyecto de ley del Ejecutivo se preveía que ese órgano lo integraran cuatro vocales -además del presidente-, en el PP pedían 8 y al final han acordado que sean seis.

Una de las discrepancias entre ambos partidos se refiere a que la ley prevé que el director de investigación de ese órgano será nombrado por el Gobierno. En el PP consideran que, al menos, debe ser refrendado por los consejeros y, según Martínez-Pujalte, las dos partes van a estudiar un sistema para alcanzar un acuerdo, aunque todo apunta a que se respetará la fórmula actual, con audiencia previa del resto del consejo.

El martes también llegaron a un acuerdo sobre lo que debe establecer la ley respecto a la concentración de empresas, para que no se perjudique a los consumidores, y sobre otros aspectos.

En cuanto al proyecto de reforma de la Ley del Mercado de Valores, que regula todo lo referido a la presentación de ofertas públicas de adquisición de acciones, las famosas OPA, Martínez-Pujalte resaltó que han llegado a un acuerdo porque el Gobierno ha aceptado retrasar el debate de esta ley para que no interpretara como una norma preparada expresamente para la oferta de compra de Gas Natural sobre la eléctrica Endesa.

La nueva legislación exigirá que se proponga una OPA cuando una empresa tenga más del 50% de los consejeros de otra. Entre las novedades también destaca que se adelantará a la ley, en lugar de dejarlo para el reglamento, la definición de precio equitativo cuando una empresa deba lanzar una oferta por el 10% tras tomar el control del 90% restante.