En este retorno a la política será él el que ocupe el sillón de ministro, curiosamente el mismo sillón en el que se sentó el único titular de la cartera que ha sido demandado por un fiscal.

El demandado era José María Michavila y el demandante, Fernández Bermejo, un polémico personaje que con su insólita demanda (que perdió) volvió a dar muestra de lo que ha sido su seña de identidad: una indisimulada inclinación ideológica a favor del PSOE y en contra del PP.

Tras su paso por el Ministerio durante la etapa felipista (en el que coincidió con Teresa Fernández de la Vega), Bermejo fue recompensado con un ascenso a fiscal del Tribunal Supremo. En julio de 1992, Eligio Hernández, el fiscal general designado ilegalmente por el PSOE, le promovió al cargo de fiscal jefe de Madrid.

Con ese nombramiento Fernández Bermejo ingresó en el club del cero, tal como llaman en la carrera a los cargos que han sido designados pese a la oposición rotunda del Consejo Fiscal (el único órgano de la institución elegido democráticamente por los fiscales). Bermejo no logró ni un solo voto de los vocales del Consejo, que seis años después, en 1998, tampoco le apoyaron para otro de los cargos a los que aspiró: fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Se mantuvo, así, durante 13 años al frente de la Fiscalía de Madrid, un órgano que dirigió con mano de hierro y desde el que impulsó con entusiasmo los procesos que podían perjudicar al PP (por ejemplo, la investigación de la planta incineradora de Valdemingómez, que le enfrentó al Ayuntamiento de Madrid y a la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino) mientras intentaba echar una manita a sus correligionarios ordenando la detención del ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Esa acción permitió a un Felipe González acorralado por los escándalos de corrupción exhibir su desmarque de la beautiful people.

De esa misma época es una de sus perlas en forma de declaración pública: «Los GAL son la historia de una hipocresía colectiva. Es un ejemplo de que las cosas pueden tener un estado judicial o carecer de él en función de las exigencias de partido», dijo.

Una maniobra de Michavila consistente en introducir sorpresivamente un mandato de cinco años para los fiscales jefes desbancó a Fernández Bermejo de su cargo en Madrid. Declaró entonces que él y Carlos Jiménez Villarejo, el fiscal anticorrupción también depurado, eran unos «represaliados ideológicos». «Hemos luchado contra los padres y ahora nos toca luchar contra los hijos», dijo en un congreso de la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue fundador.

Pasó poco tiempo en el dique seco. La llegada de Cándido Conde-Pumpido a la Fiscalía General le permitió ascender a la máxima categoría: fiscal de Sala. Encargado de los procesos ante la Sala del 61, promovió la ilegalización de Aukera Guztiak pero no la del PCTV.

Su nombre no estaba entre los que Juan Fernando López Aguilar ofreció a Rodríguez Zapatero como posibles sucesores. El presidente ha hecho más caso a Conde-Pumpido, que con la elección de Bermejo se garantiza una sintonía con el Ministerio de Justicia que ahora no tenía.