Lo hizo en el Congreso y en declaraciones públicas frente a las críticas preventivas del PP, por si esta situación llega a producirse.

La vicepresidenta primera mostró su sorpresa por el hecho de que se aceptara la recusación del magistrado para favorecer una mayoría que sea contraria al Estatuto de Cataluña. Por eso, fuentes del Ejecutivo insisten en que se dará la batalla y se procederá a la sustitución inmediata si Pérez Tremps presenta la dimisión.

Es más, Fernández de la Vega habló de ello ayer diciendo que no dejar de cubrir ninguna vacante es el cumplimiento de su obligación constitucional. En el Pleno del Congreso, la vicepresidenta primera aseguró que «el Gobierno no dejará de cumplir su función constitucional si se produjera una vacante».

Antes, en declaraciones a TVE, la número dos del Gobierno dijo estar «perpleja» por el hecho de que el PP critique que, ante una dimisión, se proceda a nombrar al sustituto.

La decisión de recusar al magistrado, que parece atisbar una mayoría en el Tribunal Constitucional para aceptar una parte sustancial del recurso del PP al Estatuto, llegó ayer al Pleno del Congreso, aunque en principio no estaba en ninguna de las preguntas.

Advertencia de Acebes

El PP, impulsado por la satisfacción que le ha producido la noticia, utilizó la recusación contra un Gobierno molesto y tocado también por este motivo.

Así, el secretario general del PP, Angel Acebes, advirtió en su pregunta a la vicepresidenta: «Mucho cuidado con llevarse por delante la independencia del Tribunal Constitucional, forzando la dimisión de un magistrado al que le quedan seis años de compromiso con el Estado, para salvar la cara de Zapatero».

Eduardo Zaplana, portavoz del PP, reprochó al Gobierno que no desaproveche la «oportunidad de quitar o poner magistrados».

Ambos reprocharon a María Teresa Fernández de la Vega lo que consideran ataques a la independencia de los jueces. La vicepresidenta les respondió pidiéndoles respeto a las decisiones judiciales, recordándoles actuaciones del Consejo General del Poder Judicial y juicios públicos sobre actos de los tribunales.