El vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, advirtió ayer al Tribunal Constitucional (TC) de que, si la recusación del juez Pablo Pérez Tremps provoca que el Estatuto catalán «se vaya a pique», España «tendrá un problema, y grave». Ello significaría, en su opinión, que la «vía soberanista» es la única opción: «Resultaría que nosotros [los catalanes], tal como somos y queremos ser, no cabemos» en España.
El líder de ERC, en una conferencia muy esperada en la que expuso las razones por las que su partido eligió -tras las autonómicas- al PSC en vez de a CiU para formar gobierno, dejó para el final su análisis de la noticia que ha sacudido en los últimos días la actualidad política catalana. Se lamentó de que «no prosperase» el «Estatuto federal» primigenio que todos los partidos, a excepción del PP, habían pactado el 30 de septiembre de 2005 en el Parlament, y subrayó que si la «politización colosal de la justicia y el derecho» hacen fracasar incluso «el texto disminuido», los catalanes no entenderían por qué su Estatuto «no cabe en la Constitución».
«¿Cuántas décadas más tendrán que estar nuestros intereses pendientes del voto de un magistrado en un tribunal situado a 600 kilómetros de distancia, donde se decide nuestro presente y se hipoteca nuestro futuro?», se preguntó el líder de Esquerra, una formación que pidió el no en el referéndum de aprobación del Estatuto.
Otros miembros del Govern se mostraron preocupados de la repercusión que podría tener en las relaciones entre Cataluña y el resto de España una posible modificación del Estatuto en el TC. Joan Saura, consejero de Interior y presidente de ICV, aseguró que, si el TC «rebaja, limita o degrada» el Estatuto, Cataluña «entraría en una situación imprevisible» y España «tendría un problema grande».
Sumándose a las tesis del presidente Montilla, Saura acusó al Partido Popular, que fue quien pidió la recusación de Pérez Tremps, de intentar ganar en los juzgados, «politizando el TC y judicializando el Estatuto», lo que no pudo ganar en las urnas.
«Estamos ante uno de los problemas políticos más graves en el Estado español, desde el punto de vista de intentar construir un modelo de Estado federal», insistió Saura.
Tanto o más apocalíptico con respecto a la trascendencia de la recusación de Pérez Tremps se mostró el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, que advirtió de que una sentencia del TC contraria al Estatuto supondría «el ataque más grave contra la autonomía catalana desde 1936», además de proponer un «cordón sanitario» de todos los partidos para «aislar» al PP por su actitud con respecto al texto catalán. En opinión del portavoz republicano, la recusación de Pérez Tremps contribuye a «augurar el peor de los designios al nuevo Estatuto».
«Final feliz»
Desde Bruselas, donde se entrevistó con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, en la que es su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo, el presidente Montilla intentó templar los ánimos. Auguró un «final feliz» para el Estatuto, porque «es constitucional», y dijo que el PP «no se saldrá con la suya» pese a las «maniobras» que utilizó para recusar a Pérez Tremps.
Admitió la «gravedad» de la situación, pero animó a los partidos que apoyan a su Gobierno a «no dramatizar»: «No tenemos que tener actitudes que sean absoluta y radicalmente defensivas, creo que nos asiste la razón y estamos en un Estado de derecho».
Tras calificar al PP como «la derecha extrema», Montilla indicó que sería «absurdo» que, si Pérez Tremps decide renunciar, el Gobierno español «no aplicará lo que dicen las leyes», en referencia a su sustitución por otro magistrado.
