IRENE HDEZ. VELASCO. Corresponsal
ROMA.-
Mario Lozano es el nombre del militar estadounidense que, el 4 de marzo de 2005, abrió fuego en el aeropuerto de Bagdad contra el coche en el que viajaba Giuliana Sgrena, la periodista italiana del diario Il Manifesto que, después de un mes secuestrada por un grupo de radicales musulmanes, acababa de ser liberada por los servicios secretos transalpinos y era conducida al avión que debía llevarla de regreso a casa. Los disparos del soldado Lozano acabaron con la vida del agente secreto Nicola Calipari e hirieron tanto a su colega Andrea Carpani como a Sgrena.
Un suceso que el fiscal italiano encargado del caso calificó de «homicidio voluntario» en el caso de Calipari y de «intento de homicidio» en el de Sgrena y Carpani y por el que el militar Mario Lozano, miembro del 69º regimiento de infantería de EEUU, será juzgado en Roma el próximo 17 de abril. Previsiblemente en ausencia, pues el Pentágono ya se ha negado a la extradición del soldado, que también está acusado de cometer un «homicidio político que lesionó un interés fundamental del Estado como es la seguridad», según el fiscal.
Una versión en clara contradicción con la que siempre ha mantenido el Departamento de Defensa de EEUU, que sostiene que sus soldados abrieron fuego contra el coche en el que viajaban Calipari y Sgrena no con la intención de matar, sino porque el vehículo no habría respondido a las señales realizadas por los soldados pidiéndole que se parara y a fin de lograr que se detuviera.
Era Alessandro Gamberini, el abogado de Giuliana Sgrena, quien ayer daba a conocer la noticia de que el soldado Mario Lozano será juzgado por el cargo de «homicidio voluntario con dolo directo». «En su escrito, el fiscal ha reconocido que el militar americano era consciente de que había herido o matado a alguien», señalaba el letrado, contento por partida doble: el juez del caso ha acogido también su solicitud de citar en el juicio como responsable civil al Departamento de Defensa de EEUU.
«Asunto cerrado»
Por su parte, el representante legal de la viuda de Calipari consideraba ya la acusación de la fiscalía como «una especie de sentencia de condena». Hasta la abogada nombrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, Alessandra Bruni, se mostraba contenta con la acusación emitida por el fiscal. «Ha sido plenamente acogida la tesis que siempre hemos sostenido respecto a la calificación del delito como objetivamente político», señalaba.
La reacción del abogado del soldado era muy distinta: «Lozano estaba cumpliendo su deber, algo que el juez no ha considerado relevante», dijo. Por su parte, el portavoz del Pentágono, Bryan Whitman, calificaba de «hipótesis justa» que el militar no vaya a ser entregado a las autoridades italianas. «Por lo que respecta al Departamento de Defensa, consideramos ese asunto cerrado», sentenciaba Whitman.
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