De «recusación política» calificó ayer la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, la decisión de apartar al magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps de la deliberación y resolución del recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatut de Cataluña.
Según Sanahuja, que lamentó ayer la decisión en una entrevista a Ràdio-4, la recusación de Pérez Tremp pone en evidencia que quienes ahora se alegran de que haya sido apartado del tribunal «tienen muchas cosas que esconder de su pasado» porque se opusieron a la Constitución.
Pérez Tremps fue recusado por haber elaborado un dictamen jurídico sobre el texto estatutario catalán previo a su votación, y ha dado lugar a una gran controversia sobre cuál puede ser el resultado final de la deliberación.
Para Sanahuja, detrás de la recusación hay motivos «políticos y no profesionales». «No entiendo por qué Pérez Tremps, que hizo un trabajo de investigación, no puede intervenir, cuando otros (los que ahora se alegran de que haya sido recusado) tienen muchas cosas que esconder de su pasado que quizás les incapacitan mucho más para interpretar la Constitución, en la que en su día no creyeron», agregó.
La juez decana de Barcelona también lamentó la crispación generada por el PP en el resto de España, «que ha provocado que cuando decimos en el resto de España que somos catalanes, nos miren muy extraño».
Por su parte, los representantes en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente mostraron ayer su «perplejidad» y «malestar creciente» ante la escalada de descalificaciones por parte de los responsables políticos con ocasión de determinadas actuaciones de los tribunales, en alusión a la recusación de Pérez Tremps.
«No cuestionamos la legitimidad de la crítica a las resoluciones, siempre libre y deseable, pero cuando la crítica es utilizada para descalificar al órgano o tribunal del que emana desde una visión interesada y sectaria, atribuyendo exclusivamente políticos el sentido de las decisiones judiciales, deslegitima a quien la emite y causa daños irreparables a la institución judicial».
El debate generado por la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional llegó ayer a la Comisión de Justícia en el Parlament.La consellera Montserrat Tura, que pasó en un primer momento de puntillas por el asunto al entender que la sesión informativa tenía otro objeto, acabó por expresar su preocupación por lo sucedido. «Si en este país los letrados de reconocido prestigio, los magistrados de larga tradición profesional, no pueden emitir su opinión en dictámenes, estudios, porque después estos son utilizados como elementos de reprobación», advirtió, «estamos en una situación situación difícil a la hora de valorar los méritos para ocupar cargos».