Así lo manifestó ayer la consellera de Justícia, Montserrat Tura, durante la primera comparecencia en el Parlament al frente del Departament.

Tura señaló la voluntad de la Generalitat de «prestigiar» al personal penitenciario «y mejorar su formación, la de acceso a la profesión», y la formación continuada. Igualmente, la consellera entiende que el plan de equipamientos «ha de mejorar sustancialmente» sus condiciones de trabajo, ahora sometidas a la hipermasificación de las prisiones.

Con todo, Tura apuntó que el Departament se enfrente al reto de encontrar y seleccionar adecuadamente el incremento de plantilla que requiere la entrada en funcionamiento de los nuevos centros, ya que de aquí al 2011 aumentará en 2.000 personas el número de funcionarios destinados a vigilancia, educación y atención en los centros penitenciarios.

La preocupación por la preparación de los funcionarios también se ha extendido a aquellos que trabajan para la Administración de Justicia. De hecho, Tura señaló que desde la Generalitat se incrementarán los recursos en formación de los funcionarios y el personal interino recibirá una preparación adecuada con cursos de más duración, prácticas de simulación. Justícia también implantará la figura del «tutor» en las mismas oficinas judiciales donde sean destinados para ayudarles a integrarse, y la bolsa de interinos se organizará por jurisdicciones para facilitar su preparación específica.

En cuanto a la movilidad judicial, desde Justícia se «explorarán fórmulas» como proponer al Ministerio la introducción de cambios en el sistema retribuitivo que permitan mejorar los salarios en aquellos lugares que haya una sobrecarga de trabajo y también «compensar los altos niveles de coste de vida de ciertas destinaciones».

«Elaboraremos y aplicaremos un programa de acogida de los nuevos jueces, fiscales y de secretarios judiciales destinados a Cataluña», avanzó ayer Montserrat Tura, que también anunció campañas para incrementar el número de residentes en Cataluña que preparen oposiciones a cuerpos judiciales.

Los diputados de los grupos de la oposición que participaron en la comisión de Justicia de ayer no cuestionaron estas medidas, pero sí que aprovecharon la ocasión para cuestionar el proyecto más emblemático del Departament, el de la Ciutat de la Justícia.

Desde CiU, Núria de Gispert pidió a Tura que reconsidere el proyecto y que aquellos edificios proyectados para la Ciutat de la Justícia que aún no han sido edificados, se adapten a usos judiciales y no a viviendas para evitar la dispersión que prevé la propuesta de Justícia.

En un sentido similar se pronunció la presidenta de la comisión, la diputada por el PP, Montserrat Nebrera, que consideró el proyecto «un coitus interruptus», una iniciativa «descabezada» que debería «volver a la idea inicial» de concentración de órganos judiciales.