La razón es que Iberdrola recuerda que ACS controla al mismo tiempo más del 40% de Unión Fenosa, que es presunto competidor. Por tanto, la influencia simultánea de ACS vulneraría, en su opinión, los límites legales fijados en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000.

Éste, elaborado en la etapa de Rodrigo Rato como vicepresidente segundo del Gobierno, impide que un mismo accionista de empresas competidoras pueda ejercer derechos de voto superiores al 3%. Iberdrola subraya en su escrito, según ha podido saber este diario, que la finalidad de esta legislación es la defensa de la libre competencia y, en última instancia, de los consumidores y que, por tanto, la CNE debe respetarla.

Según Iberdrola, la CNE -que tiene cierto margen para interpretar la ley- debe analizar los precedentes pasados que permitían ejercer más del 3% de derechos sólo para la aprobación de la gestión de la empresa, de las cuentas anuales y la aplicación del resultado. «Hay que cumplir la ley, hay que mantener seguridad jurídica en España», explican en la eléctrica vasca. Recuerdan que ni a la Caixa se le permitió influir a la vez en Endesa y Repsol, ni al BBVA en la petrolera y en la propia Iberdrola.

Un accionista con más de un 5% de derechos puede cambiar el orden del día, forzar juntas extraordinarias y otras medidas que pueden bloquear la marcha de la empresa. «Si se concede ese privilegio a ACS podría abrirse la puerta a otros», explican en Iberdrola.

Su posición contrasta con la petición de ACS a la CNE de poder ejercer todos sus derechos políticos como máximo accionista en las juntas generales de Iberdrola con la salvedad del plan estratégico. En ACS no creen que haya perjuicio alguno para la competencia ni para el consumidor porque, pese a ser el primer accionista de largo de Iberdrola, no reclama entrar en el consejo de administración ni en la gestión.

«Creemos que nuestra petición cumple la legislación vigente y habrá que esperar la decisión de la CNE», replicaron ayer fuentes de ACS consultadas por EL MUNDO. La institución que preside Maite Costa resolverá el caso este mismo mes.

Tanto en la constructora como en Iberdrola aseguraron que la discrepancia legal no implica un deterioro de las relaciones entre ambas entidades ni entre sus presidentes. «Son excelentes», sostuvieron en Iberdrola. «No hemos pedido entrar en el consejo, porque nos sentimos bien representados por su presidente», quitaron hierro en ACS.

En el sector se sigue con expectación desde el pasado septiembre la evolución de la relación entre Galán y Pérez, dos de los ejecutivos con más personalidad de la alta clase empresarial española.

Ambos pactaron a la vuelta del verano un operación espectacular para la reordenación del sector energético español. Pérez entraba en Iberdrola, con vistas a formar el primer grupo energético alternativo a una Endesa controlada por el grupo alemán E.ON, y Galán le ayudaba en el empeño para blindar la compañía de opas extranjeras. Todo eso sigue en pie, pero dentro de un orden.

Galán teme que si no actúa en lo que él cree que es el cumplimiento de la legislación otros accionistas se lo pueden reprochar y, además, facilitar entradas futuras indeseadas en Iberdrola. Y Pérez, que ha invertido ya en su apuesta más de 3.000 millones de euros, también tendría difícil explicar a los accionistas de ACS por qué no solicitar los máximos derechos en Iberdrola si cree que la ley le ampara.

Galán almorzó ayer en Madrid junto a Maite Costa en una conferencia -patrocinada por Iberdrola- del comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, a la que asistió también el ministro de Industria, Joan Clos, entre otros.