Las aseguradoras temen que el nuevo modelo de supervisión financiera que ultima el Gobierno, y que quiere consensuar con el Partido Popular (PP), obligue a éstas a tener que operar con estándares bancarios hasta ahora no aplicables al sector. El miedo de las compañías es fruto de la decisión del Ministerio de Economía de alcanzar un pacto con el principal partido de la oposición que suponga la desaparición de la Dirección General de Seguros (DGS), y el reparto de la inspección de las entidades afectadas entre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Aunque la propuesta, en principio, es bien recibida por el sector, fuentes de Unespa admitieron ayer que las aseguradoras están «preocupadas» por el «riesgo» que conlleva la posible unificación, dado que las «especificidades» de estas compañías no son las mismas que las de la banca. «No nos podemos regir por el mismo patrón», indicaron las mismas fuentes.
La propuesta del Ejecutivo, adelantada por Cinco Días, se enmarca en la tendencia que hay en Europa, donde conviven varios modelos de supervisión. Tras la consolidación, en la zona, de los grandes conglomerados financieros, se ha ido implantando la existencia de un supervisor único. Una razón que maneja el Gobierno para defender su proyecto.
Precisamente, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, se mostró ayer «a favor» de la reforma que contempla el Ejecutivo, y aseguró que el interés de éste es que el cambio sea rápido. O lo que es lo mismo, que se efectúe en la presente legislatura. «En ningún caso la solución que se pueda llevar a cabo va a empeorar la supervisión», apuntó, en relación a la preocupación compartida por las aseguradoras, informa Efe.
A la espera de que el PP se sume o no a la iniciativa del Gobierno, el vicepresidente segundo y Ministro de Economía, Pedro Solbes, matizó ayer que el objetivo no es crear un supervisor único que aúne a Seguros, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Solbes, en cualquier caso, rehusó dar detalles del modelo que finalmente se implante.
En estos momentos, el sector asegurador se enfrenta a nuevos cambios normativos, como es la adaptación al nuevo reglamento de ordenación y supervisión de seguros privados, que previsiblemente será aprobado en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Éste permite al sector adelantarse a una parte de las exigencias que establecerán los nuevos requisitos de capital, especialmente en materia de control interno y gestión de riesgos, al tiempo que determinará las nuevas posibilidades de inversión que tendrán las aseguradoras.
Aunque no hay nada decidido sobre el nuevo modelo de supervisión del sistema financiero, la opción que baraja Economía es que todo lo referente a la solvencia de las aseguradoras pase a ser controlado por el Banco de España, y que la CNMV se responsabilice del comportamiento del mercado del sector, así como de la regulación.
Solbes insistió ayer, tras su intervención en unas jornadas sobre Gobierno Corporativo, en que Economía lleva unos meses debatiendo este asunto con los agentes implicados, puesto que, en su opinión, hay elementos que se pueden mejorar. Al respecto, recordó que el actual modelo de tres supervisores con procedimientos de actuaciones diferentes que existe en España se puede «simplificar».
«No será un modelo único dada la tradición en España», aseguró el vicepresidente del Gobierno, según Europa Press. Tanto el Banco de España como la CNMV ven con buenos ojos la iniciativa del Ejecutivo. Principalmente el gobernador de la entidad, Miguel Angel Fernández Ordóñez, partidario de que el área de seguros salga de la jurisdicción del Ministerio de Economía y pase a ser controlado por un organismo dotado con más técnicos y recursos y regido por una ley de autonomía. «Iría en la dirección correcta», aseguran expertos próximos a la institución supervisora.
El PP, mientras, está analizando la propuesta del Gobierno y, de momento, ha optado por no hacer comentarios. El principal partido de la oposición acaba de alcanzar un acuerdo con el Gobierno, precisamente en materia económica, relativo a la nueva ley de defensa de la compentencia.