Tras los contactos mantenidos entre el Ejecutivo y el PP, y entre los representantes de ambas formaciones con varios presidentes de cajas, éstos han trasladado ya a las fuerzas políticas la necesidad de abordar cambios legislativos, pero una vez que se hayan celebrado los comicios municipales y autonómicos que tendrán lugar el próximo mes de mayo.

La recomendación de que se aplace cualquier negociación responde a las escasas posibilidades que otorga el sector a que se selle un pacto entre Gobierno y oposición para rebajar la presencia política en los órganos de administración de estas instituciones crediticias.

Hay dos aspectos que las cajas sí quieren que se reforme, y que en los cambios introducidos en la Ley Financiera de 2002 se dejaron a un lado. El primero no es otro que la reducción, por debajo del umbral del 50%, de la presencia de administraciones públicas en los consejos de las cajas, fudamentalmente los consejeros designados por las comunidades autónomas que son, en última instancia, las que preservan poderes de autorización de decisiones. En segundo lugar, el sector también aboga por la necesidad de acabar con el conflicto de la doble supervisión.

De momento, fuentes de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP admiten la necesidad de alcanzar un acuerdo para evitar que se repitan casos de «excesiva politización» en las cajas de ahorros. Ejemplos no han faltado en las últimas semanas. Ha sido el caso de Unicajay la CAM.