Especialmente después de haber trascendido que Nicolás Sarkozy, candidato del partido gubernamental (UMP) al Elíseo, pretende cubrir únicamente el 50% de las plazas que dejen vacantes los nuevos jubilados.

El actual ministro del Interior entiende que semejantes medidas sirven para atenuar el efecto de una cierta esclerosis administrativa. Francia cuenta con una plantilla de 2,5 millones de funcionarios -herencia fatídica del presidente Mitterrand-, así que Sarkozy ha decidido simplificarla «para mejorar las condiciones de los trabajadores y apostar por la calidad».

Respuesta socialista

Las maniobras verbales no parecen haber seducido a los representantes sindicales. Tampoco a Ségolène Royal, candidata del Partido Socialista y protagonista de unas declaraciones que pretenden granjearse la simpatía electoral de los aludidos: «No hay lugar a los recortes, sino a las políticas de respeto y de consideración hacia los funcionarios. Todos sabemos que Sarkozy pretende suprimir 250.000 empleos de los servicios del Estado. No es oportuno degradar los servicios de los ciudadanos ni fomentar la precariedad», señaló Ségolène en respuesta a las manifestaciones de su rival.

Los contendientes saben que el voto del funcionario es decisivo. Y los funcionarios también conocen que la huelga de ayer respondía a un contexto oportunista en beneficio de sus principales reivindicaciones.

El primero consiste en recuperar un cierto poder adquisitivo. Los sindicatos sostienen que ha caído un 5,2% en los últimos años y que resulta inaceptable una subida del 1% durante 2006 cuando la inflación, al término de ese ejercicio, creció un 1,5%».

Las otras reclamaciones conciernen a las garantías laborales y a la calidad del trabajo. Particularmente en el sector de la enseñanza, donde al paro, según los últimos datos, fue secundado por entre 30% y un 50% de los funcionarios. En cambio, la incidencia fue mucho menor en sectores como el de los transportes.