La tarificación, que es una práctica que incluso aconseja el propio Libro Blanco del Transporte de la UE, fue defendida ayer por el presidente de la patronal, Enrique Aldama, en un foro sobre infraestructuras organizado por Abc, Deloitte, OHL y Alstom. En su opinión, esta política permite que la financiación de las infraestructuras sea «más justa y solidaria», y que cada generación pague por las dotaciones públicas que utiliza, informa Europa Press.

Consciente de los límites de los recursos de la Administración para invertir en obra pública y la pérdida de fondos europeos, las grandes constructoras han tendido su mano al Gobierno para colaborar en su financiación. Así, según anunció ayer Aldama, presentarán en tres semanas un plan para fomentar la promoción de infraestructuras con la adopción de fórmulas de financiación conjunta. Es decir, instrumentos que combinen el capital y la gestión pública y privada. El proyecto tiene como objetivos incentivar y «acelerar» la participación de la inversión privada en dotaciones públicas, además de asegurar el ritmo de inversión.

Esta batería de propuestas complementaría el plan que la patronal elaboró para que el Ministerio de Fomento lo incorporara al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEITT) para el periodo 2005-2015.

Con el nuevo sistema que propone el sector, las infraestructuras se financiarían combinando el peaje en sombra (el que abona la Administración) con el directo (el que se carga al usuario). El pago por el uso de las infraestructuras es una de las medidas que incluyó el Departamento dirigido por Magdalena Alvarez en el primer borrador sobre la planificación de las infraestructuras en los próximos 15 años. En ese documento, el ministerio proponía abordar durante esta legislatura el desarrollo de la Ley Marco de Financiación del Sistema de Transporte. Esa norma sería el soporte para establecer las pautas de la política de tarificación. O lo que es lo mismo: incrementar la participación de los usuarios en la financiación de las infraestructuras y que, progresivamente, vayan pagando el coste de esas infraestructuras.

Con esta normativa, Fomento pretendía abrir el debate con todos los agentes implicados para modificar gradualmente el actual modelo de financiación, en el que son los impuestos pagados por el contribuyente los que sufragan el desarrollo de las nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad o la mejora de la red viaria.

Sin embargo, el Plan de Infraestructuras que aprobó el Consejo de Ministros dulcificó esa medida y el ministerio no se ha vuelto a pronunciar sobre ella ni la fórmula que prevé para llevarla a la práctica.