Su portavoz, Alex Marañón, respondía así al requerimiento de la portavoz del PNV, Gema González de Txabarri, que le había pedido que, junto a los de Segi, defendiera «los derechos de todos» y denunciara la vulneración del «derecho a la vida» producida el día 30 de diciembre en el aeropuerto madrileño.

La respuesta fue concluyente. El colectivo trabaja «en Euskal Herria y por los derechos de la juventud de Euskal Herria», y el citado hecho sucedió «en Madrid y las víctimas no eran vascas».

El representante del colectivo, miembro también de la asociación de estudiantes Ikasle Abertzaleak, abundó en su explicación argumentando que si valoraran este atentado, también tendrían que pronunciarse sobre «lo que ocurre en Francia o cualquier otro lugar». «Y eso nos crearía un problema», añadió.

Estas declaraciones fueron la guinda de una Comisión que desde el principio estuvo rodeada por la polémica al intentar evitar el PP que comparecieran los representantes de una organización «controlada por Segi», con el «único objetivo» de utilizar la Cámara como «correa de transmisión para sus fines».

El portavoz popular, Borja Semper, denunció además que una de las comparecientes era miembro del colectivo ilegalizado: Aitziber Pérez Blanco, detenida en 2002 por su presunta vinculación a Segi y absuelta en 2005 por falta de pruebas.

La propuesta del PP contó con el respaldo del PSE, pero no consiguió la mayoría al votar a favor de la comparecencia el PNV, EA y el PCTV. Los populares abandonaron la Comisión para no «escuchar las penas» de quienes «nos amenazan a diario».

Los representantes del Consejo de la Juventud consideraron que la sentencia de Segi supone una «infracción de derechos» y denunciaron que se tache de «terrorista» a quien «sólo defiende un proyecto, unas opiniones».

El Consejo de la Juventud incluye entre sus miembros a Segi, pero también a los grupos juveniles del PNV (EGI) y EA (Gazte Abertzaleak), entre otro centenar de asociaciones.