A pesar de que «ninguna organización o particular» aparentemente vinculados con la izquierda abertzale se han dirigido a AI para abogar por que se investigue la situación de De Juana, sus responsables en Londres han remitido una carta a todos los que se han interesado por este caso, de una forma u otra, para dejar claras varias premisas.

La responsable de Campañas e Investigación de este organismo, Eva Suárez, explicó ayer a este diario que De Juana no se encuadra en ninguno de los supuestos que investiga Amnistía Internacional. En primer lugar, rechaza que el etarra pueda ser considerado preso de conciencia, término acuñado por este mismo organismo, puesto que, para ello, sería necesario que el recluso no hubiera utilizado ni abogado de manera previa por el uso de la violencia.

En la misiva, AI explica que, muy al contrario, De Juana está condenado desde 1987 por varios atentados en los que fallecieron 25 personas, aunque no entra a valorar si los dos artículos de opinión que publicó en Gara y por los que fue condenado a 12 años forman parte de aquella condición. De hecho, Amnistía Internacional destaca que sigue el caso «con interés», pero elude comentar la condena a la espera de que se pronuncie el próximo lunes el Tribunal Supremo, que verá un recurso de súplica del reo.

En segundo lugar, el organismo sentencia que la huelga de hambre es una opción «individual» que, en sí misma, no constituye una conculcación de los derechos humanos, y dice carecer de una «posición» concreta y general ante «la decisión propia» de un preso que rehúsa ingerir alimentos.

Tampoco se opone a la alimentación forzosa, impuesta a De Juana por la Audiencia Nacional y denunciada por los colectivos de apoyo a los presos de la banda, salvo en el caso de que ésta implique la práctica de malos tratos hacia el recluso; una situación que, según recalca Suárez, se repite en la prisión estadounidense de Guantánamo. Pero, también en este caso, «no vemos indicios de que existan tales malos tratos».

A continuación, Amnistía Internacional descarta solicitar que se imponga un arresto domiciliario al preso etarra en lugar de la prisión preventiva en la que se encuentra. Según su explicación, las convenciones internacionales de derechos humanos no contemplan esta medida penitenciaria, aunque el organismo sí recalca su postura en favor de que los presos cumplan sus condenas, «en lo posible», en prisiones situadas a una «distancia razonable» de sus residencias habituales, tal y como indica «el principio 20º del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión».

El desmarque de Amnistía Internacional de este caso no constituye una derrota como tal para el entorno radical, porque su pronunciamiento no había sido promovido por éste, aunque supone un severo varapalo en la pretensión de la izquierda abertzale de internacionalizar todo lo relativo a la supuesta conculcación de derechos de sus militantes a manos del Estado español.

La propia Amnistía Internacional ha constatado, según recalca Suárez, una notable tendencia «a la baja» de las denuncias de torturas y malos tratos cursadas por los detenidos relacionados con delitos de terrorismo en España.