Por eso, la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de nombrar ministro de Justicia a Mariano Fernández Bermejo se percibe por los socialistas como una reacción en ese mismo sentido, como la decisión de aguantar el pulso.

Obviamente, un ministro de Justicia no puede modificar o impedir decisiones judiciales, pero sí puede responder públicamente con un mensaje de contundencia. Fernández Bermejo es reconocido por todos como un fiscal con un discurso duro, dispuesto a enfrentarse con el PP, como ya hizo en la anterior legislatura. Desde el Gobierno y el PSOE se considera que Zapatero ha aceptado con este nombramiento el pulso de los sectores conservadores de la Justicia. Juan Fernando López Aguilar es uno de los ministros más apreciados en el Gobierno y en el partido, pero algunos creían que no tenía esa contundencia pública.

Según esas fuentes, la legislatura ha llegado a un punto en el que gran parte de su resultado depende de decisiones judiciales. Por ejemplo, las que afectan al terrorismo y la del Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional, entre otras. Añaden que en las últimas semanas el Gobierno ha asistido casi como espectador a tres maniobras judiciales de los sectores más conservadores que concluyen decisiones adversas para el Ejecutivo: la convocatoria del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para decidir sobre Ignacio de José Juana Chaos, las referidas al inicio del juicio del 11-M y la admisión de la recusación de Pablo Pérez Tremps en el Constitucional.

En este último caso, el Gobierno admite abiertamente que desea que Tremps dimita para sustituirle inmediatamente y tener así posibilidades de salvar el Estatut.

En todos esos casos, las decisiones afectan a dos de los pilares básicos de la actuación del Gobierno de Zapatero: el llamado proceso de paz y la reforma de los estatutos, especialmente el de Cataluña. Una vez que el proceso de paz ha entrado en vía muerta, el Ejecutivo y el Grupo Socialista consideran que sería insostenible una anulación de una parte sustancial del Estatuto.

En el otro ámbito citado, el Gobierno prevé una dura batalla a corto plazo con el PP a cuenta de las candidaturas abertzales en las elecciones municipales y forales del 27 de mayo. El Gobierno descarta que Batasuna como tal pueda ir a esos comicios, pero considera que el PP utilizará este asunto como arma política, frente a candidaturas que puedan ser más dudosas. Bermejo defendió la no ilegalización del PCTV antes de las elecciones vascas y, por tanto, conoce este asunto.

Los socialistas no dejan de repetir estos días que el PP mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en una maniobra premeditada para utilizar esta institución como contrapeso del Gobierno.

Por eso, fuentes del PSOE calificaron de «hipócrita» que Eduardo Zaplana dijera que están rotos los puentes con el Gobierno para la renovación del CGPJ y la aprobación de las leyes sobre la Justicia.