Hay una grandísima diferencia entre sustituir a un magistrado y declararlo incompetente para un asunto, pero en el caso de Pérez Tremps algunos políticos y algunos profesionales supuestamente bien informados están equiparando intencionadamente las dos circunstancias. El ambiente político está invadido de inmundicias, sufre de polución declarativa, hasta el punto de que se hace necesario explicar lo evidente y acudir al rescate de la verdad.

En primer lugar, Pérez Tremps no podrá fallar sobre la constitucional del Estatuto de Cataluña por decisión de los propios magistrados, que han estudiado una demanda ajena -como trabaja siempre el Tribunal- en la que una mayoría, bien que exigua pero mayoría, ha visto su contaminación por haber realizado en tiempos un trabajo académico que acabó reflejado en el propio Estatuto. La recusación era de libro. Por eso asombra que el propio Pérez Tremps no hubiera renunciado, como hacen tantas veces tantos profesionales obligados a decidir, lo que habría evitado la polémica interesada y perversa que se ha levantado. En medio de ella es un escándalo que los discrepantes acusen al promotor de la recusación, el Partido Popular, como si la decisión de apartarlo hubiera sido suya y no la resolución del propio Tribunal. Digo que es un escándalo, aunque a mucha gente le queden pocos medios para interpretarlo así después de estar sometida a la ducha ácida de expresiones y alegatos tantas veces falsarios y casi siempre tramposos. En la inundación de falsedades, muchos están a un paso -si es que no lo han dado ya- de considerar que los recurrentes son autores de un delito, en especial contra Cataluña y el pueblo catalán.

Así las cosas, y aquí viene la segunda parte, se considera una solución necesaria el relevo de Pérez Tremps como magistrado del Constitucional para que el Gobierno de Rodríguez Zapatero nombre otro en su lugar que haga frente a la mayoría necia que falló a favor del recurso, repare la ofensa a Cataluña y evite la declaración de inconstitucionalidad del Estatuto. Lo importante no es estudiar sensatamente su constitucionalidad, sino evitar la verificación a toda costa y lograr que el Tribunal lo santifique aunque sea in extremis gracias al voto de calidad de la presidenta que deshaga un empate. Esto se presenta como la solución heroica que paliará el desafuero, y así se interpreta la «valentía» con que Fernández de la Vega anunció ya el plan gubernamental de sustituirlo, pero es una agresión mayor que la permanencia de un magistrado contaminado.

Pérez Tremps no ha sido apartado de los miles de casos que estudia el Constitucional sino sólo de uno. Su renuncia podría interpretarse como un menosprecio al Tribunal y abriría la puerta a la manipulación controladora que quiere el Gobierno para poner el tribunal a su servicio y al servicio de sus socios. Las palabras retadoras y chantajistas de Carod-Rovira, Saura, Ridao y Montilla son una presión intolerable para cobrarse la cabeza de Pérez Tremps y ganar marrulleramente esta batalla constitucional. De él depende que no se consume un ataque al sistema de consecuencias muy negativas para todos.