Perals argumenta su decisión en que la sentencia no aprecia, en el caso de delito contra la salud pública, el «subtipo agravado de organización». Precisamente por no tener en cuenta este aspecto las penas dictadas por el juez son muy inferiores a las solicitadas por el fiscal, pasando de los 10 a los cinco años de cárcel sólo por ese delito.

La sentencia del caso Pípol dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias y dada a conocer el pasado miércoles, reconocía que ninguno de los delitos juzgados había sido cometido por bandas organizadas, sino que todos los imputados «actuaban por su cuenta».

Ahora, será la Fiscalía del Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre si admite o no el recurso.

Por su parte, la abogada de Toro, Teresa Suárez, también anunció ayer que recurrirá la sentencia contra su cliente y que será lo último que haga como letrada del asturiano, que contará a partir de ahora con un abogado de oficio en Madrid.

El abogado de Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, que le representará en el sumario del 11-M, presentó a su vez otro recurso de casación en el que no se debatirán los hechos juzgados y probados de la operación Pípol, como él mismo reconoció, sino «si las actuaciones se atuvieron a derecho».

Abogados y fiscal coincidieron ayer en la vista celebrada en la Audiencia de Gijón y convocada por el presidente de la Sección Octava, Bernardo Donapetry, para decidir, a petición del fiscal antidroga, si decretaba prisión provisional para Toro y Trashorras. La decisión se conocerá como mínimo dentro de un mes y, posiblemente, cuando los dos asturianos estén inmersos en pleno proceso judicial por el 11-M.

Perals había solicitado el ingreso en prisión provisional de Trashorras y Toro para tratar de impedir que pudieran quedar en libertad por cualquier fallo burocrático, como ha ocurrido en alguna ocasión, y mientras la sentencia asturiana no sea firme. Tanto Toro como Trashorras ya se encuentran en prisión preventiva por el 11-M.