Los agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) que patrullaban la zona hirieron a dos de los hombres que les dispararon y capturaron a un tercero. Cuando el fuego cesó, los agentes descubrieron que la emboscada no fue obra de una pandilla de narcotraficantes, sus enemigos tradicionales. Se habían batido con un grupo paramilitar formado por ex policías y voluntarios civiles que comienza a extender sus tentáculos por el cinturón de 600 favelas que rodean a la ciudad más turística de Brasil.

Aparte de cobrar un impuesto de protección a los vecinos de las zonas más expuestas, los milicianos han levantado muros de ladrillos para controlar los accesos a Vila Joaniza. En los últimos días, la línea telefónica de emergencia Discar-Denuncia ha recibido más de 500 llamadas denunciando que «hombres encapuchados» han llegado a obligar a los comerciantes que no pagan la «comisión» a cerrar sus tiendas.

Las autoridades aún no saben cómo enfrentar este desafío. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, advirtió que «no se puede tolerar la existencia de feudos de poder en el corazón de la ciudad. Tenemos el caso de Colombia, donde los paramilitares fueron aceptados, con graves consecuencias para el estado y los ciudadanos».

Consciente de que su reputación está en juego, Cabral dio instrucciones a la BOPE para que volara los muros y asegurara la libertad de movimiento. Los agentes se disponían a cumplirlas cuando llegó la orden de abortar la operación. Por razones que se desconocen, la Secretaría de Seguridad Estatal convenció al gobernador de que la acción no sería oportuna. Eusebio Magalahes, del Partido Frente Liberal (PFL), consideró que mandar a los agentes y luego devolverlos sin haber cumplido su misión «es la peor señal que se puede transmitir a los violentos. Esos titubeos sólo les animan a estrechar más la soga alrededor del cuello de sus víctimas».

El fin de semana pasado, los enfrentamientos entre paramilitares y narcotraficantes en la zona norte de Río dejaron un saldo de siete muertos y una decena de heridos sin que se haya encontrado una fórmula para contener la violencia mientras se avecina el carnaval.

El mismo clima de miedo e incertidumbre se vive en Sao Paulo, donde la Policía se ha puesto en alerta por temor a un nuevo brote de violencia como el que sacudió a la ciudad a finales del año pasado. A comienzos de esta semana, individuos armados incendiaron tres autobuses en la zona comercial.

Se presume que detrás de los ataques está el Primer Comando de la Capital (PCC) una organización criminal que en su última ofensiva provocó la muerte de 130 personas.