ARCADI ESPADA
La asunción generalizada de que los miembros del máximo tribunal español toman sus decisiones en razón de afinidades políticas es una mala noticia para el Estado. Pero, sobre todo, es una pésima noticia para la sociedad. Al menos desde Campoamor, el relativismo goza en España de un extraordinario crédito. El interesante y honrado esfuerzo de Antonio Machado («Tu verdad? No, la Verdad/y ven conmigo a buscarla/La tuya, guárdatela») apenas ha calado. La dictadura franquista sólo hizo que rematar una faena de muchas generaciones afinando el hosco escepticismo patrio hasta convertirlo en norma de convivencia. Cuando llegó el posmodernismo, o más bien los restos del naufragio de la antigua asociación entre razón, libertad y comunismo, ésta era ya una sociedad incrédula hasta la esterilidad. La recuperación de la democracia pudo suponer un punto de inflexión en la caída libre de la confianza general. Y creo que de hecho así fue hasta el caso Roldán, mi capitán Khan, y aquella aparición póstuma del director de la Guardia Civil entre bragas baratas. En nuestro tiempo el relativismo resurgió, una apoteosis, cuando el presidente Zapatero puso el sentido de las palabras al servicio de sus dos planes políticos, el Estatuto de Cataluña y la negociación con los terroristas. Pero los jueces aún se mantenían a salvo.
Desde la ejecución del primer acto humano de justicia, la objetividad del juez (y objetividad sólo es la posibilidad de tomar una decisión con independencia de las convicciones) ha sido discutida y acosada. Pero la justicia es, sobre todo, esa lucha incesante. Admitir que un juez toma sus decisiones vendido a la política, y organizar el entramado jurídico y político en razón de este nuevo paradigma, supone una rendición de consecuencias incalculables. Por cierto: una rendición inserta en la lógica berlusconiana de desprecio de la judicatura, y de su posibilidad de objetividad, que en tan gran medida y con tan graves resultados caracterizó su mandato.
Se alude con frecuencia al sintagma verdad judicial con una suave y turbia intención descalificadora, subrayando que hay otros mundos pero están en éste. En efecto: los que la usan suelen creer en marcianos. En una sociedad democrática, la verdad judicial se establece con el acopio de los métodos humanos, que son sólo el de la ciencia y el de la fuerza. Es la Verdad machadiana, y con la que vivimos. Una de las misiones más delicadas de la política consiste en su protección. Al fin y al cabo la política es sólo una membrana. En España está rota y todos los pudendos lucen a cuerpo gentil.
(Coda: «No es en absoluto obvio que entre juez y científico no exista alguna conexión significativa, en general y en particular, en el ámbito de la prueba y del razonamiento sobre los hechos. Especialmente, no es en absoluto obvio que toda toma en consideración de metodologías científicas o de modelos de razonamiento científico deba ser necesariamente extraña al análisis de la prueba jurídica» (Michele Taruffo, La prueba de los hechos)
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