El retrato pormenorizado que los sindicatos de la Policía hacen de la custodia que se está dando a De Juana Chaos, merece una intervención inmediata del Gobierno que corrija la esperpéntica situación actual y también una explicación exhaustiva del Ministerio del Interior. Presencia permanente de su novia, visitas de grupos, absoluta libertad de movimiento para sus acompañantes, nada de cacheos, ridículo control de acceso, ventana al exterior, disponibilidad de café, revistas y periódicos, ausencia de cámaras de vigilancia... El propio Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el sector y próximo al PSOE, no duda en calificar de «privilegiada» la estancia del etarra en el hospital Doce de Octubre de Madrid.
Esa relajación en las medidas de seguridad que, según los sindicatos, permitiría incluso «una fácil fuga», es lo que hizo posible fotografiar al etarra en su cama y recoger sus respuestas para The Times sin ningún problema. La intención del entorno del etarra era clara: presentarle como un mártir y dañar la imagen de España. El diario británico cumplió con su deber de informar, pero las autoridades penitenciarias hicieron dejación del suyo de vigilar al terrorista.
El trato de favor que se concede a De Juana supone, además, un agravio comparativo respecto de otros presos que no han cometido ni de lejos delitos de la gravedad que los que él ha perpetrado.
La situación es tan anómala que el SUP entiende que han de derivarse «consecuencias políticas en forma de dimisiones o ceses». Y va más allá al advertir que los gobernantes «parecen vivir en una especie de inopia» que les lleva a desconocer el sentir de «la gente de la calle», con «un desprecio casi absoluto a la sensibilidad de las víctimas, de sus familiares y de los policías que custodian al etarra». No podemos sino suscribir cada palabra.
Por otra parte, la coartada que sigue buscando Batasuna para hacer campaña de sus reivindicaciones políticas fuera de nuestras fronteras a costa de De Juana ha sufrido un duro revés de manos de Amnistía Internacional. La formación abertzale se había dirigido a la organización humanitaria para que iniciase acciones en favor del terrorista. Sin embargo, ésta se ha negado a intervenir argumentando que ni el etarra es un preso político, ni se han vulnerado sus derechos, ni ampara a quienes recurren a la violencia. Esta declaración desactiva de raíz iniciativas como la que hoy propondrá el Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento de Vitoria, por la que pretende que una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara visite a De Juana para vigilar que se garantizan «sus derechos», unos derechos que, a la vista de los hechos, para sí los quisiera el resto de la población penitenciaria.
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