La cuestión que plantea su designación es si Zapatero ha optado por romper todos los puentes con el PP y va hacia una política de confrontación con el partido de Rajoy, orquestando un frente común con las formaciones nacionalistas que le apoyan.

El PP advirtió ayer que el nombramiento de este fiscal «ultra» es un intento de «amedrentar» a los jueces y a la sociedad, mientras que los socios nacionalistas del Gobierno aplaudieron la decisión de Zapatero. Sorprendente por no decir increíble la reacción de Joseba Azkarraga, consejero de Interior del Gobierno vasco, que señaló que será «un buen ministro» quien calificó de «acto de hipocresía colectiva» la investigación y el juicio de los GAL por los que él tanto bregó en su día como diputado de EA.

Falta poco más de un año para agotar la legislatura y da la impresión de que Zapatero ha ido radicalizándose al prescindir de Bono y López Aguilar y sustituirles por Rubalcaba y por un Fernández Bermejo, del cual sólo se puede esperar un comportamiento sectario y hostil hacia la oposición.

No hace falta darle ningún margen al nuevo ministro de Justicia. Su pasado es elocuente. Por ello, cabe pensar que va a dedicar todos sus esfuerzos a someter a la judicatura a un mayor control del Gobierno, lo cual pasa por colocar a magistrados afines en los altos tribunales y acometer reformas legislativas que vayan en esa dirección. Una de las iniciativas que pretende impulsar el nuevo ministro -lo ha defendido públicamente- es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desplazar del juez a los fiscales -sometidos a un criterio jerárquico- la responsabilidad de la instrucción.

Otro de los asuntos que preocupa mucho al PSOE es el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Para lograr que el Constitucional no invalide el Estatuto, el Gobierno necesita que Pérez Tremps dimita y relevarle por otro magistrado afín. Fernández Bermejo es la persona ideal para llevar a cabo esta operación que provocaría la deslegitimación del Constitucional.

El hecho es que el nombramiento de Fernández Bermejo contradice el discurso de Zapatero de una democracia deliberativa con respeto a la independencia del poder judicial, un concepto en el que no cree este fiscal, más proclive a los métodos del ex ministro Corcuera y su famosa patada a la puerta.

Fernández Bermejo es un producto del felipismo, lo mismo que la actuación de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado puede terminar recordando -como siga por este camino- a las de Eligio Hernández, Leopoldo Torres o Javier Moscoso en aquella oscura etapa.

Todo ello suscita la duda sobre si el socialismo de rostro humano preconizado por Zapatero está involucionando hacia un nuevo felipismo que patrimonializa las instituciones para destruir al adversario, con la ayuda de unos nacionalistas siempre dispuestos a sacar tajada de su debilidad política.