El Estado de Derecho -como nos repiten tantas veces como si de una campaña publicitaria se tratase- no contempla la pena de muerte ni la cadena perpetua. De la misma manera sigue prohibiendo la eutanasia. Me guiaré por la buena fe y supondré que el Estado de Derecho no ha dejado de confiar en sus propias leyes y sigue sin querer aplicar la cadena perpetua o la pena de muerte. Guiado por la misma buena fe consideraré que los motivos políticos no permiten que la eutanasia sea legal. Supondré, también movido por la buena fe, que el contenido de los artículos que ha publicado De Juana Chaos es suficientemente explícito y claro como para mantener en la cárcel a una persona con riesgo de morir. [...] La buena fe me impulsa a pensar que en el Estado de Derecho la justicia es igual para todos, que no influyen las presiones políticas y que realmente existe la independencia judicial; que las declaraciones del ministro de Justicia López Aguilar en las que afirmaba, refiriéndose al caso De Juana Chaos, que 'el Gobierno construirá nuevas imputaciones para evitar dichas excarcelaciones' no han influido para nada en la sentencia judicial.

Alguien decía: hechos, no palabras. Pues David Fernàndez, en su libro Cróniques del 6 i altres retalls de la claveguera policial, nos informa de los siguientes hechos: el ex general de la Guardia Civil y responsable destacado de los horrores de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado a 75 años de cárcel por el asesinato de Lasa y Zabala y tan sólo cumplió poco más de cuatro alegando problemas de salud. Julen Elorriaga también fue excarcelado por motivos de salud; condenado a casi 80 años de cárcel por los mismos hechos sólo ha cumplido un 3% de la condena. De la Rosa, después de estafar a toda España, gracias a una depresión, puede gozar de un generoso régimen de tercer grado en su casa. Rafael Vera, después de ser condenado a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL, sólo pasó ocho meses recluido por esa causa... [...]

Pero ahora resulta, además, que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el archivo del caso Egunkaria; no hay pruebas, alegan. Resulta que en noviembre de 2004 el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado español por 'no investigar' las torturas denunciadas, 12 años atrás, por 17 independentistas catalanes: era necesario callar las voces discordantes durante los Juegos Olímpicos. Y resulta también que, en noviembre de 2005, Zapatero indulta a cuatro policías locales de Vigo inhabilitados y condenados en sentencia firme a dos y cuatro años de cárcel por pegar una paliza, insultar y vejar al ciudadano senegalés Mamadou Kane. De la misma manera que resulta que Aznar había hecho lo propio en diciembre del 2000: 14 agentes condenados por torturas eran indultados; uno de ellos, reincidente. Y resulta que...

Que estoy hecho un lío. Demasiado a menudo este Estado de Derecho tiene zonas oscuras que me hacen dudar. Todo esto huele a hipocresía. Y tanta hipocresía provoca que a uno se le agote la buena fe».