Los arrestos se produjeron en enero de 2003, después de que, tras la desarticulación de un comando terrorista en Francia, se deshicieran de unas sustancias químicas que les valieron el mote de comando Dixan. Pero también de otro material que, junto con lo incautado en sus domicilios, sus declaraciones policiales y judiciales y su relación con otros terroristas en Francia ha bastado para considerarlos un grupo terrorista.

El tribunal ha condenado a cada uno de ellos a 10 años como miembros de la célula y a otros tres por falsificación de documentos, tal y como pedía el fiscal Pedro Rubira. Por el contrario, les absuelve del delito de tenencia de explosivos y de conspiración para atentar contra la base militar de Rota.

La Sala rechaza como prueba el informe pericial empleado por el FBI para afirmar que tenían material para fabricar napalm casero. Además de no tenerlo en cuenta porque la defensa no pudo participar en esa pericial, los magistrados resaltan que de lo declarado en el juicio por el perito estadounidense no se llega a esa conclusión. Igualmente rechaza por irregular un segundo informe del FBI que concluía que el material electrónico incautado era el empleado habitualmente por Al Qaeda. Entre ese material se encontraba un teléfono móvil preparado para activar explosivos.

La Sala, compuesta por Javier Gómez Bermúdez, Clara Bayarri y Manuela Fernández Prado, acoge así los argumentos de los dos abogados de la defensa, Sebastiá y Benet Salellas. El fiscal pedía otros nueve años de prisión por la tenencia de explosivos.

La Sala enumera los objetivos del grupo que incluían tanto la «captación de seguidores entre la población musulmana en España» como «estar disponibles y preparados para pasar a la acción».

El origen de la célula se sitúa en la provincia argelina de Chlef, donde tres de los condenados -Mohamed Tahraoui, Djamel Boudjetia y Mohamed Amine Benaboura- «luchaban contra el Ejército y el GIA» como miembros del grupo guerrillero salafista llamado Forkane. Según la sentencia, los tres se refugiaron en España, «donde se reagruparon, constituyendo una célula u organización terrorista en la que se integraron los otros dos condenados, los hermanos Ali y Souhil Kaouka».

MADRID.- 'Absolución del comando Dixan'. Tras esta pancarta posaba el pasado 31 de octubre, frente a la sede de la Audiencia Nacional, el diputado de ERC Joan Puig, uno de los múltiples respaldos políticos que desde su detención han encontrado los seis procesados. Poco antes, en la sala de juicio, el presidente del tribunal había tenido que expulsar a varias personas que repartieron octavillas en las que se afirmaba que los acusados fueron convertidos en «terroristas islamistas por Aznar para justificar su apoyo a Bush en la Guerra de Irak y justificar la participación española en ella».

La campaña de apoyo a los procesados arreció después de que los primeros informes periciales determinaron la inocuidad de la sustancias químicas de las que se deshicieron los acusados. Se trataba del producto denominado 'finish care', empleado para el cuidado de piscinas y similares. Eso llevó al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco a ponerles en libertad. La suerte de los detenidos en la 'operación Lago' cambió con la expulsión de Ruiz Polanco de la Audiencia. Baltasar Garzón se hizo cargo de la causa y, dos semanas después del 11-M, los encarceló de nuevo basándose en el informe en el que el FBI afirmaba que estaban en disposición de fabricar napalm casero.