Sin esperar siquiera a que dicho auto haya sido firmado y notificado por el propio tribunal, y antes de conocer, por tanto, su argumentación técnica en Derecho, este grupo de juristas había alcanzado ayer a recopilar -incluidas las suyas- un total de 45 firmas.

La tesis del manifiesto coincide con la que quedó en minoría en el Tribunal Constitucional, según la cual Pérez Tremps hizo un estudio «científico», temporal y materialmente desconectado de la reforma del Estatuto de Cataluña, pese a que el trabajo le fue encargado por la Generalitat tres meses antes de su nombramiento -lo entregó el mes anterior- y algunos de sus párrafos fueron literalmente incorporados al texto del Estatut.

Entre los promotores de la iniciativa se encuentran Javier García Roca, -catedrático de la Universidad de Valladolid-, Francisco Balaguer -catedrático en Granada-, Manuel Medina -en Sevilla-, y Alejandro Sáiz Arnaiz (de la Pompeu Frabra), los autores del dictamen de expertos que la Ejecutiva del PSOE aprobó en octubre de 2005 sobre la reforma del Estatuto de Cataluña.

También figura Javier García Fernández, que además de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, es en la actualidad secretario general técnico del Ministerio de Vivienda.

«Se trata del único alto cargo admitido en la lista», explicaba ayer a este diario Javier García Roca, «porque se encontraba entre los 15 que lo promovimos, pero entre los apoyos al manifiesto no figuran ni López Guerra ni Caamaño ni tantos otros expertos vinculados a cargos que podrían haberse sumado. Precisamente, porque ésta no es una iniciativa política sino profesional. Hay gente de todas las ideologías. Y yo no soy del PSOE, he hecho dictámenes para todos los partidos. Lo que estamos pidiendo, precisamente, es que no se politice el Constitucional, que no se recuse y se deje trabajar y estudiar a los magistrados».

Al manifiesto, escrito según su convocatoria «en los términos más correctos posibles», se han adherido también, según las fuentes consultadas, los catedráticos de la Universidad de Barcelona Eliseo Aja, Miguel Angel Aparicio y Enoch Albertí Rovira. El primero participó, como experto, en unas jornadas parlamentarias del PSOE en 2002; el segundo fue firmante en 2001 de otro manifiesto contra la LOU (la Ley Orgánica de Universidades del Gobierno popular), y el tercero colaboró, también como experto, en los trabajos de la ponencia del Estatuto de Canarias, después de haberlo hecho en los del Estatuto de Cataluña.

Entre los perfiles más políticos y dispares se encuentra, ciertamente, el de Frances de Carreras, que fue uno de los intelectuales más críticos con el Estatuto de Cataluña y miembro fundador de Ciutadans per Catalunya. Mercé Barceló, Paloma Biglino, Marc Carrillo, Miguel Revebga, Gerardo Ruiz Rico y Pablo Santolaya -uno de los más activos en esta iniciativa- completan la lista de expertos determinados a dar a conocer su protesta.

«Acatamos y respetamos, como no podía ser de otra manera, las decisiones del Tribunal Constitucional», arranca el manifiesto. «Sin embargo, forma parte de nuestra labor cotidiana como científicos criticar jurídicamente sus decisiones», continúa, para defender una «reflexión crítica» y advertir que «de aplicarse generalizadamente el criterio en que se sustenta, se restringiría gravemente la libertad de producción científica y de investigación que la Constitución consagra».

Según el escrito, la «forma» de Pérez Tremps «de entender la actividad exterior de las comunidades autónomas como profesor durante muchos años, ha influido junto a los trabajos de otros expertos, en la configuración de las relaciones exteriores que figura en el Estatuto de Autonomía de Cataluña». «Si admitiéramos», llega a añadir el texto, «la corrección del razonamiento en la que la coyuntural mayoría se apoya, no sólo se causaría un daño inmediato a la libertad de investigación científica sino que estaríamos destinados a tener un Tribunal Constitucional lleno de ilustres desconocidos».

«No hemos esperado a conocer el auto», explicaba el profesor García Roca, «porque el comentario jurídico lo haremos en las revistas de Derecho. Esto ha sido un fuenteovejuna, un todos a una para advertir que si un profesor no puede explicar sus teorías científicas y si éstas no pueden ser recogidas por las leyes, ningún profesor podrá formar parte del Tribunal ni sentar doctrina al igual que un juez. Es una cuestión de titularidad. Nos dedicamos a esto», dijo.