C. R. G.
MADRID.-
Todavía no se han sentado en torno a una mesa para intercambiar papeles y analizar todas las salidas jurídicas. Dicen los populares que hay que esperar a que el relevo del magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps, se consume: Una circunstancia que, pese a la falta de noticias, dan por segura. Pero después, y con carácter inmediato, eso sí, los miembros de la dirección se pondrán manos a la obra para poner trabas políticas y legales a lo que -si se produce la dimisión- parece un hecho irreversible.
De momento, la cúpula del PP se plantea presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas admiten, incluso, haber empezado a estudiar las posibles motivaciones del recurso.
Siempre en fase embrionaria, su planteamiento es que «la continuidad» de los magistrados dentro del Tribunal Constitucional -estipulada en la Ley Orgánica por un período de tiempo objetivo que excede del propio mandato del Gobierno o las instituciones que los nombran-, es «la garantía de su independencia judicial».
Según las fuentes consultadas, hay margen en el ordenamiento jurídico para que los magistrados de la Sala III del Supremo enjuicien, en su caso, la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo del Gobierno como el que supondría el relevo de Tremps tras una eventual dimisión por causas, además, no tasadas.
Más allá de lo jurídico, la batalla de los populares iría encaminada a convencer de que el relevo «no justificado en Derecho» de este magistrado, sería un precedente que convertiría a los miembros del Tribunal en «comisarios políticos».
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