Juan Fernando López Aguilar participó ayer por última vez en el Consejo de Ministros y dejó sobre la mesa una carpeta con una ley que interesa a miles de españoles. Nuestro país tiene el mayor número proporcional de adoptantes del mundo: sólo durante el año 2005, 5.423 niños fueron traídos para siempre desde el hambre hasta donde se come.

En la actualidad, las personas adoptadas pasan la vida entera sin poder saber quiénes son sus padres biológicos. La legislación aprobada ayer en La Moncloa les permitirá algo más que preguntar por sus orígenes sanguíneos y obligará a las entidades públicas españolas a facilitarles cuantos datos tengan sobre la identidad de quiénes les engendraron y les parieron.

La ley parece dar más garantías al proceso de adopción, ya que, entre otras cosas, exige más requisitos en la declaración de idoneidad de los adoptantes. Por ejemplo, los nuevos padres deberán demostrar su «aptitud» para atender al niño «en función de sus singulares circunstancias particulares». Esa declaración tendrá una vigencia máxima de tres años y estará condicionada por las peculiaridades de cada ley autonómica aplicable en cada supuesto.

«La legislación era dispersa y carecía de una cierta solidez jurídica», admitía ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Además, el Ejecutivo confiesa que la normativa española actual es «muy dispersa y está poco sistematizada. A partir de ahora, se dispondrá de un cuerpo legal único».

Frases como ésa activaron ayer las sirenas anticentralistas de la Generalitat y de CiU, que recordaron al Gobierno que Cataluña dispone de competencias «exclusivas» en materia de adopción.

La consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, detectó «dos puntos de preocupación»: los criterios para otorgar los certificados de idoneidad que capacitan a los padres a solicitar un niño en adopción y las entidades sociales acreditadas para mediar en las adopciones, algo que de lo que se encarga el Instituto Catalán de Acogida y de Adopción.

También Carles Campuzano (CiU) alzó la mano para protestar. «Advertimos que el Estado, más que legislar en una materia que es competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña, lo que tiene que hacer es colaborar con la Generalitat para que las cosas se hagan bien».