En este sentido, el Ministerio aseguró que este artículo es «suficiente base» para que, en función de sus competencias, el Ayuntamiento, el Cabildo o la Comunidad Autónoma puedan «exceptuar temporalmente» la aplicación de la ley. Además, apuntó que actualmente está ultimando un reglamento sobre el ruido que va «más allá» de la transposición de la directiva comunitaria sobre este asunto, informa Europa Press.

Aunque es difícil echar cuentas del impacto económico que tendría la suspensión de ciertas actividades del Carnaval tinerfeño, el Cabildo adelantó que los ingresos que se dejarían de percibir superarían los cinco millones de euros. De hecho, la noticia recorrrió el mundo (tuvo repercusión en medios del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos), lo cual podría afectar a la imagen de la isla. El presidente canario, Adán Martín, reclamó una solución pactada al conflicto, porque «los ciudadanos no se van a resignar» a perder el Carnaval, informa Efe.

El abogado de los denunciantes, Felipe Campos, declaró que si el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, quiere llegar a un acuerdo, le espera «con los brazos abiertos». Pidió al primer edil que «se siente con nostros, pierda algunos votos y asuma su responsabilidad para comprometerse con los vecinos y salvar el Carnaval».