La operación Chupete, llamada así por el sobrenombre que le dan los cazadores a los silenciadores de las escopetas, comenzó a finales del año pasado. El Seprona tuvo conocimiento de la posible existencia de un grupo organizado especializado en la caza furtiva de especies cinegéticas -las que está permitido cazar-, no cinegéticas y en peligro de extinción, que podría estar desarrollando su actividad por todo el territorio nacional, especialmente en reservas naturales. Fue el 1 de febrero cuando los agentes localizaron los cuerpos recién decapitados de dos machos de cabra hispánica, y a partir de ahí comenzaron las detenciones. La operación se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Avila y Cáceres. Los arrestados son cuatro miembros de la organización, sus máximos responsables, entre los que se encuentran dos hermanos y la mujer de uno de ellos, y tres clientes. Además de un octavo como imputado.

La red de furtivos se encargaba de controlar las zonas para la cacería, de buscar los animales para los clientes y de hacer un seguimiento de las piezas. Una vez localizados, subían a los clientes a la sierra y les facilitaban las armas para la caza.

Su forma de actuar, según comentaron ayer el capitán Cachinero y el alférez Azábal, consistía en convencer a los clientes de que «subirían y bajarían» del monte «como montañeros», ya que las armas y las piezas se quedaban escondidas arriba. Al matar el animal, lo primero que hacían era cortarles la cabeza, que es lo valioso, para esconderla y después abandonaban el cuerpo.

El pago se hacía en dos turnos. En el momento de la captura se abonaba el 50% y el resto se efectuaba en la entrega de la presa.

Entre los objetos requisados, no sólo se encontraron cabezas de ciervos y venados preparados ya para la entrega, en forma de trofeo, como se denominan en el argot. Se confiscó también un arcón frigorífico en el que se hallaron decenas de cabezas y animales. La mayoría de éstos se encuentran en peligro de extinción y están recogidos en el índice de máxima protección por el Convenio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Se encontraron, entre otros, cinco cabezas de rebeco, 18 de corzo, 3 de jabalí o dos jinetas, pero el Seprona destaca especialmente el gato montés y la cabeza de lobo ibérico.

Esta cámara frigorífica servía de comodín a los detenidos. En algunas ocasiones, y para no perder la venta, engañaban a los clientes para que creyesen que habían matado a la presa y les entregaban algunos de esos trofeos guardados. También era corriente que alguno de los disparos saliese de las armas de la organización, para asegurarse la captura.

Muchas de estas presas no tienen un valor calculable, ya que su calidad de especie protegida impide que se comercialice con ellas. Sin embargo, se puede llegar a pagar hasta 18.000 euros. Es el caso de la cabra montesa, aunque ilegalmente se puede conseguir por alrededor de 6.000, porque «comercian con especies que no son suyas».

El precio varía dependiendo de la dificultad de la caza y de la calidad de la pieza, que se mide en medallas de oro, plata y bronce. Son los expertos los encargados de catalogar las presas, pero se valora el volumen, la belleza y el porte de la cornamenta del animal.

Entre los objetos intervenidos se encuentran dos silenciadores, una carabina de aire comprimido, navajas, cuchillos y cartuchos para armas de gran calibre. Sin embargo, ninguno de los detenidos tiene licencia de armas, la perdieron en anteriores delitos relacionados con la caza furtiva. Los agentes del Seprona aseguraron que se habían dedicado a esto «toda su vida».

En España, este tipo de delitos está penado con multas y la retirada de la licencia de armas. No obstante, algunos de los detenidos han sido acusados de asociación ilícita, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y delitos contra la flora y la fauna, que sí se condenan con penas de cárcel.

A pesar de que no se contemple la cárcel, los agentes aseguran que las detenciones les daña su reputación, ya que su mayor baza es prometer a los clientes que actúan con «total impunidad».

Los detenidos también se dedicaban a la caza legal, por lo que contactaban con los consumidores a través del «boca a boca» o publicaciones especializadas.