Los negocios continúan cuando varios coches de policía irrumpen en la calle para escoltar un camión que se para delante del Consejo Mundial de Diamantes, un edificio de cristal minimalista rodeado de anticuadas joyerías de descuento. Nadie mira a los agentes con metralleta, ni siquiera cuando uno empuja a un tratante despistado que intenta pasar hacia otra calle. De esta patronal de diamantes de Amberes -la ciudad por donde pasan el 80% de las piedras en bruto y más de la mitad de las talladas de esta concentradísima industria- sale el deseado carbón cristalizado tras ser inspeccionado por una veintena de expertos, que controlan también la autenticidad de un papel con marcas en relieve y un código de barras. Este diploma del llamado Proceso Kimberley certifica que las piedras no provienen de regiones donde las brutales guerrillas se financian con su comercio, que no son diamantes de sangre, como los que alimentaron la guerra en Sierra Leona en los 90.

El retrato de ese conflicto de la película Diamante de sangre, que se estrenó ayer en España, ha puesto en alerta a la industria de Amberes, que ya en los 90, cuando se estima que entre el 4% y 15% de los diamantes provenían de las guerrillas de Sierra Leona, Congo o Liberia, se sintió injustamente perseguida. «¿Por qué las ONGs no hablaban del petróleo de sangre o del coltan de sangre [un metal congoleño que se utiliza en los móviles]? ¿Por qué está mal tener diamantes y no teléfonos?», se queja Philip Claes, portavoz del Consejo de Diamantes.

Aunque los títulos de crédito de Diamante de sangre mencionan el Proceso Kimberley, el Consejo incluso contrató una empresa de gestión de crisis de Los Angeles para contrarrestar la mala publicidad del filme en EEUU, donde se concentra el 15% del negocio de diamantes, exuberante estos días con las compras de anillos para la tradicional petición de matrimonio en San Valentín. Los empresarios se preocupaban porque el diamante depende mucho de su imagen. El cristal amarillento e irregular que sale de la mina ni siquiera es ya tan escaso, pese a los esfuerzos de la compañía sudafricana De Beers por limitar el mercado con su monopolio en la extracción y el refinamiento de la piedra (aún controla más del 60% del negocio mundial).

Con el Proceso Kimberley, el acuerdo auspiciado por Naciones Unidas en esta ciudad sudafricana y firmado en 2002, cada piedra en bruto que se comercia entre 72 países, entre ellos los de la UE, llega con un papel que pretende evitar importaciones desde zonas de conflicto. Según la Comisión Europea, que este año preside el Proceso, en la actualidad menos del 1% de los diamantes en el mercado se consideran de sangre, en especial tras la pacificación de sus centros neurálgicos de producción.

Pero cerca del 0,2% de los diamantes -el equivalente a 23 millones de dólares- proviene del Norte de Costa de Marfil, donde la guerrilla lucha por la rentable piedra. Aunque sus diamantes están vetados por la ONU, el tráfico ilegal que recorre Africa permite que lleguen a países en teoría limpios. La vecina Ghana, miembro del Proceso, está ahora «bajo supervisión» y sólo puede exportar una semana al mes con la vigilancia de expertos internacionales, aunque Claes reconoce que éste es el caso más fácil porque los diamantes ghaneses tienen un color específico que los hace muy fáciles de distinguir de los de Costa de Marfil, algo que no sucede en otros países. «Somos muy severos, hacemos lo que podemos. Si algún país no da garantías, lo suspendemos», asegura, y pone como ejemplo la falta de autorización de Liberia, pese a sus demandas.

Las dudas persisten sobre si la bajada de la venta de los diamantes de zonas de guerra tiene más que ver con la paz que con las garantías internacionales. Pese a las críticas de las patronales de diamantes, el preestreno en Bruselas de Diamante de sangre fue patrocinado por la Comisión Europea. «Espero que a través de la película muchos sean conscientes de la relación potencial entre la materia prima más glamurosa del mundo y la violencia más injusta», dijo, al comienzo de la sesión, Benita Ferrero-Waldner, comisaria de Relaciones Exteriores, quien alabó el éxito de Kimberley pero también recordó que «nadie debe cometer el error de perder el interés sólo porque las pistolas hayan callado».

«La principal causa de la caída drástica de los diamantes de sangre es que ya no hay guerra civil en Sierra Leona o en Liberia. Si vuelve, no está claro que el Proceso vaya a funcionar porque tiene muchas lagunas», explica Annie Dunnebacke, de la ONG Global Witness, que lleva años luchando por esta causa. Entre los agujeros que cita, aparte del descontrol de los Gobiernos y del tráfico ilegal de diamantes desde Costa de Marfil, se encuentra la falta de una garantía real de las piedras pulidas. Se venden «sólo con un trozo de papel con un sello, pero no se sabe qué hay detrás». «La industria debería tener auditores independientes que certificaran que ese papel vale algo, que efectivamente el diamante no viene de una zona de conflictos», insiste.

Dunnebacke también reconoce que gracias a Hollywood ha mejorado la relación de su ONG con la industria. «Nos están atendiendo más que nunca», comenta acerca de una encuesta sobre los mecanismos de control del Consejo de Diamantes y de tiendas de Amberes, Nueva York o Londres. En 2004, Global Witness apenas consiguió contestación; en los últimos meses ha recibido una avalancha de respuestas.

Las ONGs también admiten que los diamantes pueden servir a la economía africana, como en Botswana, donde De Beers ha creado una empresa con el Estado, el ejemplo más repetido por los defensores de la industria, entre ellos Nelson Mandela. En verano, el ex presidente sudafricano incluso envió una carta a Edgard Zwick, el director de Diamante de sangre, para quejarse por su película. «Sería muy lamentable que el filme no contara la verdad y empujara al mundo a creer que la respuesta apropiada es dejar de comprar diamantes de las minas de Africa», escribió Mandela, muy amigo de De Beers.