¿Qué tienen en común las joyerías y Africa? ¿San Valentín y los niños y niñas soldado? ¿Su joyero de confianza (si lo tiene) y Sierra Leona? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo llega a sus manos, pulida y brillante, esa piedra preciosa que traza un puente entre la exclusiva calle Serrano de Madrid y las minas africanas?
«Un diamante es para siempre», reza el eslogan publicitario. Dado su elevado precio, no es un producto que se pueda adquirir a menudo; por ello, cuando una persona se dispone a comprar uno, tiene mucho en qué fijarse: el color, el corte, la claridad... Pero también debería preguntarse por su procedencia.
En algunos países, el comercio de diamantes ha exacerbado conflictos devastadores y abusos contra los Derechos Humanos; hoy lo sigue haciendo. Son los diamantes ensangrentados. En Angola, la República Democrática del Congo (RDC), Liberia, y Sierra Leona han muerto en los últimos años cerca de 3,7 millones de personas, víctimas de guerras alimentadas por diamantes. Señores de la guerra, rebeldes y grupos armados han financiado la compra de armas con los ingentes beneficios de su venta ilegal. No representa mucho en el comercio mundial de esta piedra preciosa, sólo un 1%. Pero ese mínimo porcentaje ha financiado la muerte de miles de personas.
El comercio de diamantes fue un factor clave en el conflicto interno que devastó Sierra Leona entre 1991 y 2002. El Frente Unido Revolucionario (RUF), grupo armado responsable del homicidio, tortura y secuestro de miles de personas durante el conflicto, controlaba las áreas productoras de diamantes del país y aprovechó los beneficios que reporta su comercio para adquirir armas y ayuda militar que contribuyeron a perpetrar estos abusos contra los derechos humanos.
En las regiones norte y este de la RDC, controladas por grupos armados congoleños apoyados por Ruanda y Uganda, abundan los recursos naturales valiosos, como diamantes, columbotantalita, oro y madera. Las facciones enfrentadas han saqueado sistemáticamente estos recursos, y los principales beneficiarios han sido los altos mandos de los ejércitos de Ruanda y Uganda y sus aliados del Congo. Mientras tanto, la inmensa mayoría de la población congoleña se enfrenta a la miseria, la inseguridad, los desplazamientos, los secuestros y la muerte. El drama humano provocado por los diamantes ensangrentados no es cosa del pasado. Las guerras en Angola y Sierra Leona han acabado, si bien la población de estos países sigue sufriendo de manera muy directa sus consecuencias, y el conflicto en la RDC ha perdido intensidad; sin embargo, diamantes procedentes de zonas en conflicto en Costa de Marfil controladas por rebeldes son en la actualidad objeto de contrabando a través de Ghana, se infiltran en el comercio internacional y acaban en las joyerías.
La Asamblea General de la ONU adoptó en el año 2000 una resolución que apoyaba la creación de un sistema internacional de certificación para tratar de romper el vínculo existente entre el comercio ilegal de diamantes y los abusos contra los derechos humanos asociados con los conflictos armados. Este sistema, que se denominó Proceso de Kimberley, entró en funcionamiento en enero de 2003. Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y la industria del diamante acordaron este sistema para impedir el comercio de diamantes ensangrentados tras años de movilización por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y Global Witness.
El Proceso de Kimberley, al que se ha adherido España, cuenta ya con más de 70 países participantes, entre ellos los principales productores y comerciantes de diamantes. El sistema obliga a los gobiernos a certificar que todas las partidas de diamantes en bruto proceden de zonas libres de conflicto. Para ofrecer tales garantías, cada país debe ser capaz de rastrear cada diamante que se exporta hasta la mina o el punto de importación. Todos los países importadores se comprometen a no admitir diamantes en bruto que carezcan de certificado. En paralelo, los sectores de la industria del diamante acordaron un sistema de autorregulación.
Cuatro años después de su puesta en marcha, el Proceso de Kimberley no ha sido capaz de acabar con el comercio de diamantes ensangrentados. Un estudio realizado en 2005 por Amnistía Internacional entre minoristas y distribuidores de diamantes en Europa y Australia concluyó que sólo una pequeña parte de las empresas consultadas podía explicar su política para impedir el comercio de diamantes procedentes de zonas en conflicto. Un reciente informe de Naciones Unidas desvela que Ghana, participante en el sistema de certificación del Proceso de Kimberley blanquea diamantes ensangrentados procedentes de la vecina Costa de Marfil, rica en diamantes pero asolada por un conflicto interno.
Si no es posible confiar en el sistema de certificación, el Proceso de Kimberley fracasará. Por ello, el año pasado se inició un periodo de revisión para evaluar su eficacia. Uno de los aspectos clave es que deben existir controles de cumplimiento obligatorio para Estados y empresas. En el caso de Ghana, debería suspenderse la exportación de diamantes en bruto y el país debería ser expulsado del sistema Kimberley mientras no asuma controles fiables que impidan el comercio ilegal.
Los consumidores también pueden hacer mucho presionando a los minoristas del diamante para que cumplan su parte; el Día de San Valentín es una buena ocasión. Cuando compren diamantes, los consumidores deben pedir garantías por escrito de que no proceden de zonas en conflicto y, por lo tanto, no contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos en ningún lugar del mundo.
El reto es difícil, pero está en manos de los gobiernos, la industria del sector, los minoristas y los consumidores impedir que se siga comerciando con diamantes de zonas en conflicto. Son muy bellos, pero a nadie deberían costarle la vida.
Esteban Beltrán es el director de Amnistía Internacional España.
