Es verdad que no existe un derecho a la diversión reconocido de forma explícita que pueda confrontarse con el legítimo derecho a descansar en nocturno silencio. Sin embargo, si la decisión del magistrado canario se mantiene, establecerá un significativo precedente por el cual los españoles tendrían que empezar a despedirse de la práctica totalidad de sus festejos. No sólo las Fallas de Valencia, los Sanfermines de Pamplona o la Semana Santa sevillana perderían toda su idiosincrasia, por citar tres ejemplos destacados. Más bien hay que reconocer que no hay fiesta local en nuestro país que no suponga un perjuicio para algunos vecinos, fundamentalmente aquéllos que viven en el centro de las ciudades con los privilegios e inconveniencias que eso conlleva.

Seguramente para evitar el fin de nuestras fiestas los legisladores decidieron incluir en la Ley del Ruido el artículo 9 que permite excepciones a la regla general «con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga». Es una categoría amplia en la que el carnaval de Tenerife, cuya tradición se remonta a 1775, debería entrar sin problemas. Aún así, viendo las barbas del vecino canario pelar, la alcaldesa de Valencia señalaba ayer que la ordenanza del ruido que está elaborando su Ayuntamiento establecerá una excepción durante las Fallas.

En el fondo el quid de debate estriba en las excepciones que tiene el derecho al descanso. Por muy respetable que sea la calidad de vida de unos pocos -o no tan pocos- vecinos, en el otro fiel de la balanza se encuentra no sólo el deseo de la mayoría de la población de Tenerife de disfrutar de su fiesta más popular, sino también los intereses de la ciudad, que sufriría un perjuicio valorado por el Cabildo en cinco millones de euros si se cancelara el Carnaval.

Si España es uno de los países que más contaminación acústica soporta, según todos los estudios de la Unión Europea, eso no ocurre evidentemente por los carnavales tinerfeños o por unas fiestas que, si molestan a alguien, lo hacen unos pocos días al año. Las principales fuentes de contaminación acústica son los vehículos de motor, seguidos de lejos por las industrias, los ferrocarriles y finalmente los bares.

Por eso se equivocan quienes pretenden elevar este auto judicial a la categoría de castigo ejemplar para los botellones callejeros y los bares que infringen la Ley del Ruido. Los carnavales son, por definición, una excepción a toda regla.