Recuerdo una agradable conversación con el entonces sólo conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, en su despacho del Palau de la Generalitat, con vistas a la plaza. Día agradable, cinco de la tarde y el sol filtrándose por las vidrieras de tan espléndido edificio. Formaba parte de los días en que Saura estaba dispuesto a ser más pedagógico que nadie e intentar difundir los parabienes del nuevo texto, que todavía estaba en proceso de elaboración.«Todo el mundo se sentirá satisfecho de él.» -ese todo no incluía al PP- «Pasará todas las pruebas. Las del Parlament, el Congreso y el Constitucional».

Con ese comentario describía el camino democrático de cualquier Ley Orgánica. Es el camino que traza nuestra democracia, así que todos debemos sentirnos satisfechos de que así sea. En ese trayecto existen muchos escollos y formulaciones para superarlos.Básicamente para que nadie pueda sentirse indefenso. Ésa es la máxima de nuestra sociedad occidental, la desaparición de la indefensión ante el Estado.

Dicho esto (me refiero a lo que dijo Saura) el Estatut ha pasado por todo tipo de pruebas y reflexiones. Se elaboraron los trabajos de las comisiones estatutarias, los redactados finales marcados por el esfuerzo en los pactos y la aprobación de un texto por el Parlament. Después, vuelta a empezar en el Congreso, y todo ello para desembocar en un referéndum que homologó democráticamente (¿cuántas veces hay que utilizar una obviedad?) lo que, en un principio, era sólo un montón de propuestas.

Muchos nos habíamos manifestado contrarios a este proceso. Básicamente, por lo innecesario. Pero otra mayoría no pensaba de igual forma.Y salió adelante con una respuesta de la ciudadanía escasa, pero los votos mayoritarios de los catalanes. Nada que objetar.

Durante 2007, el texto llegó a su última fase: pasar por el filtro democrático del Tribunal Constitucional. Todo depende de 12 personas: dos nombradas por el Gobierno, cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado y dos por el Consejo General del Poder Judicial.Tienen una designación para este cargo por nueve años. En estos años los poderes cambian, única forma de que se mantenga cierta pluralidad.

Los políticos catalanes, los del tripartito y CiU, ya conocían los vericuetos por donde debía pasar el nuevo texto. Joan Saura me lo recordó en aquella reunión de tarde soleada en Palau. «Pasará todas las pruebas. No habrá problemas en el Constitucional».No creo que el conseller esperara que el Partido Popular no se esmerara a fondo a la hora de presentar sus recursos de inconstitucionalidad.Como también los hay presentados por otras comunidades como la de Aragón. Es posible que sus conjeturas estuvieran relacionadas con los integrantes del TC. Lo que significa que es más normal de lo que parece presentar recursos pensando en los magistrados que ahora forman parte del tribunal. Nada nuevo bajo el sol.

Por ello, las suculentas frases que salen de algunos, a veces en forma de amenazas, no hacen bien a una justicia que pasa por un momento tormentoso. Declaraciones como las de Jordi Portabella con su golpe de Estado encubierto o las de Carod-Rovira mirando al soberanismo en el caso de que las cosas no salgan tal y como tenían previsto, enrarecen la política. La Generalitat presentó también en el Constitucional la recusación de otro de los magistrados por otras razones y nadie dijo nada. Forma parte de las posibilidades que tienen unos y otros para tener la razón consensuada. La que se discute. Y cuando se presenta una recusación es para que te den la razón. ¿O no?

El proceso de asentamiento del Estatut del año 81 fue muy parecido.Sólo hay que profundizar en la hemeroteca de cualquier diario para observar las similitudes de los momentos, en ocasiones con declaraciones casi calcadas desde las filas de CiU, en aquellos momentos más dispuestos a hacer ruido y con menos experiencia de gobierno. En realidad, en aquellos años había poca experiencia, ni de gobierno ni de rifirrafe político.

Y todo con tiempo. La última sentencia del Constitucional afecta a una Ley del Parlamento Vasco de 1989 contra la que se presentó una cuestión de inconstitucionalidad en 2001, resuelta el pasado 18 de enero. Casi seis años.

Así que no se aflijan y tómenselo con paciencia. Uno y otros.La sagacidad que tienen los políticos para lograr votos con cuestiones colaterales es pasmosa. Y en ello están todos. Ni un partido se salva. Cuando comienza la veda, todo se permite. Los votantes, que son listos, han aprendido a digerir con Almax o sales Eno los atracones declarativos de los políticos. Pero siempre queda la sensación de que algunos no se mantienen a la altura. A veces tan arriba, otras tan abajo. Las reglas del juego las conocemos.No siempre se gana. Cuando se pierde, la culpa no es de la democracia.

alex.salmon@elmundo.es