Para Josefa Yangüela, las últimas semanas están siendo ajetreadas. A caballo entre Logroño y Zaragoza, Pepa -así prefiere que la llamen- ha concedido un par de entrevistas, asistido a un pleno de las Cortes aragonesas en que se aprobó por unanimidad la toma en consideración de una ley a favor de las víctimas del terrorismo y ultimado detalles del bautizo de su quinto nieto, el primer varón.

Buenas noticias casi todas. Sólo las imágenes de un desmejorado José Ignacio de Juana Chaos postrado en una cama del Hospital 12 de Octubre de Madrid han ensombrecido la agradable sensación de felicidad en las pequeñas cosas con que Pepa se ha desenvuelto los últimos días. Todo lo relacionado con la huelga de hambre del etarra, autor de 25 asesinatos, le viene trayendo el recuerdo de una ausencia que se prolonga desde hace ya 17 años.

José Ramón no está.

José Ramón Muñoz Fernández, su marido, era jefe de medicina interna del Hospital Miguel Servet de Zaragoza cuando dos grapos en huelga de hambre ingresaron allí en enero de 1990. Junto a José Luis Casado, adjunto a su departamento, protagonizó una pugna legal durante un par de semanas para conseguir que la Justicia consintiera en alimentarles por la fuerza. Vómitos, deshidratación severa, pérdida de consciencia, pérdida de una tercera parte del peso habitual... El estado de los reclusos era extremadamente grave. No es exagerado decir que les salvaron la vida.

Pero eso no entraba en las cuentas del Grapo. De manera que el 17 de marzo de aquel año dos pistoleros de la banda acudieron a su consulta privada a media tarde y le pagaron el favor con tres balas Parabellum 9 mms. Una en la cabeza, otra en el cuello y otra en el hombro. Murió en 10 minutos.

Fue la primera víctima de la que acabaría siendo la huelga de hambre más larga de la historia de la democracia. Y ahora que otro grupo terrorista vuelve a echar un pulso a un Gobierno -socialista, como entonces- en forma de ayuno, Pepa no puede por menos que sentir un vuelco en el corazón y tener su primer pensamiento para los médicos que atienden a De Juana. «Si tuviera sus teléfonos les llamaría personalmente para pedirles que tuvieran mucho cuidado», asegura. «Les pediría que no dejasen morir a De Juana, porque es su obligación como médicos. Es el mismo chantaje que entonces. Pero les diría que se protegieran. Que se protegieran. Porque si les pasara algo, para mí sería como si volviesen a matar a mi marido».

No ha sido la única que ha hecho memoria. Antoni Asunción, entonces director general de Instituciones Penitenciarias y principal responsable de la política de dispersión contra la que se organizó la huelga de hambre, también se ha acordado de los 435 días que duró aquel ayuno y que tantos quebraderos de cabeza le produjo. Aunque él ve las cosas de manera muy distinta.

«Por supuesto que tanto aquélla como la de ahora de De Juana Chaos eran formas de presión y de publicidad, pero no tienen nada que ver», comienza con la libertad que da estar ya lejos de la primera línea política. «Aquello fueron 60 presos. Para que los médicos no les atendieran llegaron a matar a uno. Tenían a la gente muy asustada, tuvimos que poner escolta a muchos médicos y lo pasamos bastante mal. Esto es una cosa puntual de un tipo que siempre ha sido así, que siempre ha ido haciendo el cafre y que debe de estar encantado con todo lo que se ha montado».

¿Igual? ¿Distinto? ¿Se pueden extraer lecciones?

Era el 30 de noviembre de 1989 cuando 60 de los 82 miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo) presos en cárceles españolas se declararon en huelga de hambre. Protestaban por la política de dispersión auspiciada por el ministro de Justicia Enrique Múgica y el director de Prisiones, Asunción, y aseguraban estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Uno, de hecho, llegó. El 25 de mayo de 1990 José Manuel Sevillano murió al cabo de 175 días de ayuno en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Conforme las condiciones de salud de los terroristas en huelga de hambre iban empeorando los iban trasladando a hospitales.

Olegario Sánchez Corrales y Francisco Cela Seoane eran dos reclusos de la prisión zaragozana de Daroca. Llegaron al Miguel Servet el 11 y el 26 de enero de 1990, respectivamente. Sánchez Corrales con 42 días de huelga de hambre; Cela Seoane, con 57, procedente de otro hospital. Un apunte: Ignacio de Juana Chaos se declaró en huelga de hambre el 7 de noviembre de 2006 y fue trasladado de la prisión de Aranjuez al 12 de Octubre de Madrid el 24 de ese mes, 17 días después.

Ya hospitalizados, Sánchez Corrales y Cela Seoane continuaron negándose a comer mientras su salud seguía deteriorándose. La decisión era apoyada, por supuesto, por la dirección del Grapo, pero incluso por sus familias.

«Fue una huelga muy dirigida desde la cúpula de la organización», recuerda Asunción. «Había familiares que casi inducían al suicidio. Y se dieron casos de huelguistas que se quitaban la sonda cuando llegaban a visitarles sus familias y abogados y pedían a los médicos que se las volvieran a poner cuando se habían ido».

Pero para el doctor Muñoz, católico practicante, se hacía muy cuesta arriba no alimentar a sus pacientes.

En el salón de su casa, repleto de libros, con el ejemplar del Heraldo de Aragón del día sobre la mesita de café y con varias fotos de su marido, pero más de sus hijos y los simpáticos hijos de sus hijos, Pepa Yangüela, licenciada en Historia y delegada de la AVT en Aragón entre 1995 y 1998, recuerda los difíciles primeros días de 1990: «Al principio hablaba mucho de ellos, sobre todo de Olegario Sánchez Corrales. Tanto que en un momento dado le llegué a decir que si me iba a traer a comer al tal Olegario a casa... Estudió artículos sobre desnutrición en revistas médicas extranjeras y demás. Pero aunque me quitaba mucho hierro, yo sabía que estaba nervioso. Y cuando le preguntaba si tenía miedo, me contestaba: "Pepa, yo soy médico y soy católico. Yo me hice médico para salvar a los pacientes, no para matarles. Como médico y como católico tengo la obligación de cuidar a estos enfermos. Y cumpliré con mi deber hasta el final"».

EL GOBIERNO CIERRA FILAS

«De repente nos encontramos con que no teníamos clara cuál podría ser nuestra función como médicos». José Luis Casado tenía entonces 47 años. Conocía al doctor Muñoz desde que se había incorporado al Miguel Servet, en 1973. «No podíamos limitarnos a ser notarios del deterioro de dos pacientes. El juez había dicho que no se les podía alimentar forzosamente. Durante días mi única función como médico fue dejar en las mesillas una botella de agua por si querían beber, porque una persona no puede vivir más de 10 o 12 días sin beber».

En realidad, Zaragoza no fue el único lugar donde se planteó el problema. Aunque Asunción había remitido cartas a los directores de las cárceles primero y a los jueces de vigilancia penitenciaria después solicitando que se alimentase a la fuerza a los huelguistas si los médicos lo consideraban oportuno, jueces de vigilancia penitenciaria en Madrid, Valladolid y Zaragoza dieron la razón a los presos.

El Gobierno cerró filas rotundo. El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, curiosamente primo carnal del doctor Muñoz, pidió a todos los representantes del ministerio público que recurriesen en las audiencias provinciales las decisiones de jueces de vigilancia penitenciarias contrarias a la alimentación forzosa.

Al final incluso el Constitucional se pronunció a favor de la alimentación forzosa.

«Fue una decisión mía, tomada de acuerdo con el ministro Múgica [entonces Instituciones Penitenciarias dependía de Justicia, no de Interior], que nadie discutió en el Gobierno», recuerda Antoni Asunción. «Nadie se planteó lo contrario».

Las complicadas relaciones entre jueces y médicos por la cuestión de la alimentación forzosa no dejan de sonar familiares 17 años después. El 24 de noviembre pasado la Audiencia ya autorizó la alimentación forzosa de De Juana por medio de una sonda nasogástrica que se le va poniendo y quitando. Los médicos que le atienden -con un coste de 15.000 euros mensuales según calculaba el periódico El Economista el pasado viernes; en el hospital ni lo confirman ni lo desmienten- han tenido que preguntar a los jueces, entre otras cosas, si están autorizados a sedar al etarra para vencer su resistencia a recibir alimentación.

ALIMENTADOS TRAS 74 DIAS

Finalmente, Sánchez Corrales y Francisco Cela Seoane comenzaron a ser alimentados a la fuerza 74 días después de iniciar su huelga de hambre.

Fue Cela Seoane el que más complicaciones presentó. Era algo más joven, de 31 años y según recuerda el doctor Casado, «tenía una anemia severa que le había causado una importante lesión cardiaca».

Hijo de un guardia civil que abandonó el cuerpo y que había fallecido un año antes, y hermano de otro grapo que también había iniciado la huelga de hambre, Jesús Cela Seoane, Francisco, alias Paco, había caído en una operación policial en 1985. En dos meses de huelga de hambre perdió un tercio de su peso.

Olegario Sánchez Corrales era uno de los presos más veteranos de los grapo. En prisión desde 1977, había participado en varios asesinatos y en los secuestros del presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo y del general Villaescusa. De hecho, cuando en julio de 1997 salió de la prisión de Topas (Salamanca), lo hizo con el dudoso honor de ser el recluso más antiguo de las cárceles españolas. En esos 20 años había participado en más de 20 huelgas de hambre.

Los dos estaban en la misma habitación, custodiada por una pareja de policías nacionales. «No querían tener mucho contacto con nosotros», recuerda Casado. «En ocasiones llegaban a vendarse los ojos y taparse los oídos para no escucharnos cuando les explicábamos las consecuencias que su actitud podía tener en su organismo».

Constantemente -de nuevo los ecos de aquella huelga de hambre resuenan en el Hospital 12 de Octubre en 2007- recibían visitas de sus abogados y de sus familiares. Entre ellos de Jesús Cela Seoane.

El hermano pequeño de Francisco Cela Seoane había iniciado la huelga de hambre como los demás presos el 30 de noviembre de 1989, pero en enero de 1990 terminó de cumplir su condena y, ya en libertad, abandonó el ayuno tras 55 días y con 20 kilos menos. «A mediados de febrero», continúa el facultativo, «se me acercó y me preguntó por su hermano. Hablamos un rato y antes de despedirse me dijo: "Cuídele, porque si se muere, igual le mato yo a usted. Y si se salva, a lo mejor tiene problemas con la organización..."».

Las presiones no eran sólo desde abajo. Pepa Yangüela asegura que un ministro de la época -«del que no voy a decir el nombre»- llegó a llamar a su marido para decirle que como se le muriera alguno de los dos huelguistas se despidiera de seguir ejerciendo la medicina.

Los doctores Muñoz y Casado vivieron muy intensamente aquellos días. «Estábamos intranquilos», prosigue el adjunto, «pero yo nunca pensé que iba a perder la vida y creo que él tampoco. No le noté miedo». Ni siquiera tras el 7 de marzo.

Aquel día, un miércoles, el ministro de Interior, José Luis Corcuera, citó en Madrid a los dos médicos. Muñoz no pudo acudir, fue Casado solo. «Estaban Corcuera, Vera [secretario de Estado de Seguridad] y otros cargos del Ministerio», relata Casado. «Me advirtieron de que extremáramos las precauciones, de que podíamos estar en situación de riesgo. Quizás ser víctimas de un secuestro. Aun así, no nos pusieron protección. Que cambiásemos los itinerarios, que no nos quedásemos mucho tiempo esperando en los semáforos... cosas genéricas. En tono irónico les dije que vale, pondría unos retrovisores más grandes en el coche». El pasado jueves sindicatos policiales denunciaban la deficiente seguridad del módulo hospitalario donde está aislado De Juana...

Apenas una semana después de aquella reunión en el Ministerio, Olegario Sánchez Corrales y Francisco Cela Seoane fueron dados de alta y trasladados a la prisión zaragozana de Torrero. Habían vuelto a comer sólido, no lo habían rechazado y sus constantes estaban restablecidas. La historia, sin embargo, aún no había llegado a su fin.

El 27 de marzo, dos semanas después de que los dos grapos hubiesen sido dados de alta, Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero, dos pistoleros de la banda, acudieron a la consulta privada del doctor Muñoz, situada en el piso superior de su casa. Estuvieron un cuarto de hora aguardando en la sala de espera y cuando salió el paciente que les precedía, llegaron hasta el médico y le mataron a sangre fría de tres balazos. Muñoz había cumplido 50 años seis meses antes. Sus asesinos, en un giro macabro, se hicieron llamar el comando Crespo Galende en honor al grapo José Crespo Galende, fallecido en huelga de hambre en el hospital de La Paz de Madrid en junio de 1981.

En tres ocasiones el mismo comando intentó también matar al doctor Casado, pero el adjunto a Muñoz en el Miguel Servet tuvo más suerte. Durante el año y medio siguiente tuvo escolta.

Algunos de los reclusos aún prolongaron la huelga más o menos regularmente hasta 1991. No lograron la reagrupación en una sola prisión, motivo por el que se había iniciado la protesta. El comité central del PCE(r) emitió un revelador comunicado que empezaba así: «No se ha conseguido arrancar nada al Gobierno, hemos perdido al camarada Sevi y la salud del resto de los camaradas se halla bastante quebrantada. Pero el Estado y las fuerzas reaccionarias que lo respaldan no han logrado destruirnos ni llevar a los camaradas presos al terreno de la desmoralización, la claudicación y el arrepentimiento, tal como se habían propuesto. Su derrota política y moral es más que evidente».

¿Pensará hoy algo así De Juana? De momento, él sigue con su pulso. Sin comida. Sin arrepentimiento.